Venezuela víctima del «matraqueo»: ¿Por qué es común esta práctica en el país?

La Ley contra el Secuestro y la Extorsión de Venezuela señala en su artículo 16 que: Quién por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño; alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña él consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dinero; bienes, títulos, documentos o beneficios, serán sancionados o sancionadas con prisión de diez a quince años.

Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien la existencia de los supuestos previstos en este artículo, aun cuando el perpetrador o perpetradora no haya obtenido de la víctima o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, acciones u omisiones que alteren de cualquier manera sus derechos.

Por su parte, existe una distinción sobre este delito cuando quien lo practica es un funcionario policial, denominado delito de concusión, un concepto legal que se utiliza para describir una situación en la cual un funcionario, hace uso de su cargo para hacer pagar a una persona una contribución que no le corresponde.

Sin embargo, existe una serie de elementos que hacen que en el país esta práctica sea tan común que incluso, se le ha denominado con un nombre coloquial: el matraqueo. Esta acción se ha normalizado a tal punto que, ha permeado a los organismos policiales del país, siendo estos quienes mayormente lo realizan.

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En este sentido, Joel García, abogado y defensor de derechos humanos en el país, explicó en entrevista con Todos Ahora por qué «el matraqueo» o extorsión es una tendencia común en Venezuela, y por qué los principales protagonista de su ejecución, son los funcionarios de seguridad del Estado.

¿Qué origina que los funcionarios extorsionen?

El abogado indicó la extorsión en Venezuela se produce por cuatro aspectos fundamentales: exceso de restricciones, falta de preparación de los funcionarios policiales, los bajos salarios que perciben y el nivel de impunidad del país.

Explicó que Venezuela es un país con restricciones y obstáculos de todo tipo para gestionar diligencias tan primordiales como sacar una cédula. Lo cual hace que, sumado a su cultura facilista y en donde a las personas les gusta saltarse los controles, «se convierta en caldo de cultivo para la extorsión, concusión, matraqueo o como le llamen».

«Un ejemplo de esto lo acabamos de ver con el decreto que dictó este martes el gobernador de Miranda sobre la restricción para adquirir bienes y servicios en esa entidad. Eso es un absurdo porque se come todos los días. En un país con hiperinflación como el nuestro, si tú no compras hoy un producto, mañana no te cuesta igual. Entonces vemos que la medida es totalmente absurda, impensada, ilógica para combatir la COVID-19», dijo.

Como segundo aspecto, el también profesor señaló la poca preparación que tienen los funcionarios policiales para ejercer su profesión en el país.

«¿Cuánto dura la formación de una persona para ser policía? Son cursos de apenas meses. Por experiencia propia, puedo decir que cuando se da clases en la policía, no se podía aplazar a nadie. Cuando se habla con un funcionario es evidente el nivel académico que tiene, lo que hace que ellos ignoren incluso la ley, y no comprendan que lo que están cometiendo es un delito, sino que, lo ven como parte de la practica policial. La formación forma parte esencial de la extorción como una práctica profesional», comentó.

Asimismo, destacó a los bajos salarios y la impunidad como elementos determinantes de esta situación.

¿Por qué se ha vuelto común?

Sobre este último elemento, resaltó que la impunidad, es una de las cosas que más daño le ha hecho a Venezuela. Además de que el propio ciudadano ha normalizado esta situación.

«Si una persona no tiene conocimiento de la ley, por lo menos debería tener temor de una sanción. Sin embargo ¿cuántos casos vemos nosotros que se procesan? Los únicos son los que a través de las redes sociales y los medios de comunicación se dan a conocer ¿Cuántas veces no vemos en una cola de gasolina que un guardia pasa a un carro a cambio de un pago y nadie dice nada? Es una conducta normalizada ver que se cometa una extorsión o conducta inapropiada y nadie diga nada», dijo.

Agregó como condiciones que favorecen esta situación la mala selección del personal y la escasa población de personas que quieren ser policías.

¿Cuáles son los organismos responsables de imputar estos delitos?

García enfatizó que en Venezuela los entes encargados de hacer justicia ante estos casos son la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Sin embargo, lamentó que la actuación de ambos, sea inexistente.

«Venezuela cuando aprobó la Constitución actual, se creó una institución novedosa que nunca antes se había tenido en el país, y que forma parte del poder público: la Defensoría del Pueblo. Este organismo está dentro del poder ciudadano y poder moral. Es el que está llamado a acusar incluso, a funcionarios que incurran en ilícitos o violaciones a o derechos humanos. Sin embargo, podemos preguntarle a los venezolanos como se llama el defensor del pueblo, y yo le apuesto que al menos 80% de ellos no saben quién es. Porque la actuación de ese organismo es nula e inexistente. La gente sabe que hay una defensoría del Pueblo pero no para qué sirve», explicó.

«Otra institución que está llamada a combatir las prácticas deshonrosas y constitutivas de delito que hacen los funcionarios, es el Ministerio Público, cuya actuación es escaza también ante estas situaciones», agregó.

Criticó que el Fiscal de la República, Tareck William Saab, se pronuncie a su juicio solo en casos de índole político y no sobre las afecciones de los ciudadanos.

«Tareck William Saab se pronuncia cuando llega un caso en el que hay factores de la disidencia política o de pensamiento divergente pero poco lo hace con respecto a lo que estamos viviendo. En los pocos casos en los que hay funcionarios involucrados, vemos como le imputan delitos atenuados que no son los que corresponden. Por ejemplo, la tortura es una práctica inusual que forma parte de un actuar deshonesto y corrupto de la policía y vemos como el Ministerio Público, en el caso del capitán Acosta Arevalo, lo que le imputa un delito que casi no es culposo. Un delito pre homicidio pre intencional con causal. Es como que no quise matarte, no quise torturarte pero lo hice . Entonces la actuación de las instituciones son escasas», detalló.

¿A dónde puede acudir en caso de ser víctima de extorsión?

Para el letrado, el venezolano está en un estado de indefensión ante estos hechos, lo cual forma parte de una política de Estado.

«Si estos funcionarios fueran sancionados, nosotros tendríamos a dónde acudir, pero la actuación de los organismos competentes es nula. Hay una complicidad necesaria en todos esos sectores que conlleva a la impunidad. Una característica de terror de este gobierno. Por eso es que a la gente le da miedo protestar, por sus consecuencias. El ciudadano entonces acudirá a Dios y a la plegaria», dijo.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Finalmente, García instó a los venezolanos a denunciar este tipo de acciones ante los departamentos de inspectoría de cada organismo de seguridad, quienes son los encargados de sancionar las actuaciones de sus funcionarios.

«Todos los organismos policiales, incluso los militares, tienen un área o dirección de asuntos internos, disciplina o de inspectoría general. Ellos son los policías de los policías. Entonces allí es a donde se debe acudir para denunciar al funcionario que hace la extorsión. Paralelamente, la víctima deberá hacer la denuncia en el Ministerio Público o el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas. Esos delitos prescribirán pero muchos años después. Si Venezuela cambia, eso va a contribuir a depurar a la policía que tanto vamos a necesitar», puntualizó.

One response to “Venezuela víctima del «matraqueo»: ¿Por qué es común esta práctica en el país?

  1. Los PNB que están en la alcabala que sube desde el CCCT hacia Chacao a la Av Andrés Galarraga para y extorsionan a los ciudadanos hasta los que tienen salvoconducto y documentos en regla para sacarte dinero. Esto se acabará cuando los ciudadanos actuemos contra esas lacras, justicia por la mano del pueblo.

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