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Seguridad social en Venezuela, un derecho opacado por la ineficiencia y la corrupción

La organización pro derechos humanos, Provea, emitió este martes su informe anual sobre el derecho a la seguridad social en Venezuela. El documento que recopila una investigación desarrollada durante el 2019, señala que este derecho ciudadano está sublevado a la ineficiencia y la corrupción.

El documento informativo señala que el régimen de Maduro en el 2019 continuó afectando las garantías constitucionales. Al mismo tiempo, obstaculizando el ejercicio de los derechos a la información y contraloría social, por parte de la ciudadanía.

Sin acceso a información oficial

De acuerdo con Provea, por segundo año consecutivo los venezolanos no cuentan con información oficial -precisa y ajustada a la realidad- que permita conocer la situación del derecho a la seguridad social. Al mismo tiempo, no hay registros oficiales de sus diversos indicadores: número de pensiones otorgadas; pensiones regulares y por decretos excepcionales; inversión social; regímenes prestacionales, entre otros.

Recursos Asignados

En materia de recursos asignados, la investigación de Provea reveló que de se destinó un billón quinientos veintinueve mil setecientos ochenta millones de bolívares de presupuesto nacional, de los cuales, un 48% fue destinado a la protección social en las áreas de educación, ciencia y tecnología, Plataforma de Protección Social Patria, Salud, actores sociales y obras y servicios. 

Con respecto a créditos adicionales, en el 2019 se aprobó 573.894.278,00 para cubrir los gastos de pensiones y jubilaciones de abril y mayo.

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En abril, se dispusieron más recursos económicos para cubrir requerimientos presupuestarios. Por esta razón se acentuaron gastos de personal activo, pensionado y jubilado de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, así como a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en sus diferentes contingencias.

Las cifras de los programas sociales creados por el régimen de facto, tales como Carnet de la Patria, Chamba Adulto Mayor y otras anunciadas por Maduro en su rendición anual del 2019, no especificó si los citados programas contaron con recursos económicos, plan de inserción de la población objetivo en actividades laborales, mecanismos de egreso, entre otros aspectos.

Denuncias de irregularidades

Carlos Rotondaro, quien fue director del IVSS durante 10 años, denunció en marzo del año pasado las irregularidades que habían en ese organismo entorno a la adquisición de recursos y deterioro de la institución.

«Existen trabas para la compra de tratamiento, el uso de medicinas para el control político. También existe un deterioro en el organismo. Hay una cadena de corrupción en torno a la compra de insumos y fármacos”.

La denuncia reflejó una insuficiencia institucional en materia de respeto a los derechos humanos de la población beneficiaría del IVSS. Esto a raíz de la corrupción sistémica que pone fin a los procesos de desarrollo de políticas y acciones en seguridad social.

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