OVP: retardo procesal penal durante la pandemia llegó al 100%

La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, indicó que el porcentaje del retardo procesal llegó al 100% en comparación a su informe 2019, en el cual se mostró aproximadamente a un 67% en el contexto pandemia.

Durante un foro virtual denominado Paralización de la Justicia y su impacto en la población reclusa, aseveró que esta situación se debe a que los tribunales de ejecución no estaban realizando la supervisión de la ejecución de la pena. Por lo tanto, no hubo acceso a beneficios como libertades de las personas que ya habían cumplido la pena.

“Tenemos el caso de dos personas que, con boletas de excarcelación, fallecieron por tuberculosis en cárceles de Venezuela. Esto es un tema muy preocupante para nosotros”, dijo Girón.

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El foro contó con la participación de diversos representantes del propio OVP, como de la ONG Acceso a la Justicia.

En este sentido, Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, reiteró que esta denominada “paralización de la justicia” ya era muy grave antes de la pandemia y con la llegada de ella, se ha vuelto “inmanejable prácticamente”.

Retardo procesal considerado como inédito

Indicó, que durante este tiempo solo quedaron algunos tribunales de guardia, pero nunca fue suficiente. “Básicamente estuvo paralizada entre seis y siete meses, algo inédito”.

“Las fallas de transporte y gasolina, así como del sueldo, no les permitía asistir a sus lugares de trabajo, en este caso para el funcionamiento de los tribunales en el país”, expresó.

Acotó que, aunque la justicia de manera virtual era una idea importante, no era viable por la precariedad en los servicios públicos, tal como en el internet. “Hay abogados que no cuentan con recursos”.

Añadió, que en materia de las salas sociales con respecto a los niños y adolescentes se dijo que, si se iba a empezar a tramitar, “pero evidentemente se observó una paralización”.

“Los tribunales han funcionado, pero para meter preso a quien habla mal de la COVID, para el que toma foto en las gasolineras, entre otros”.

Subrayó, que no hay seguridad jurídica. “Aunque el Ministerio Público eventualmente estuvo abierto, no hay acceso a la justicia. Estamos ubicados en el último país en materia de justicia”.

Poderes judiciales en otros países bajo la situación pandemia

Por su parte, el también abogado y director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, aseguró que en los casos de los poderes judiciales en otros países la situación de la reanudación de actividades fue distinta.

“En el caso de reanudación de actividades en Argentina ocurrió a partir del 27 de junio, Ecuador 7 de mayo, México 27 de abril, El Salvador 15 de junio. Mientras, en Perú se dio el 17 de junio, En Guatemala el 7 de agosto, en el caso venezolano es mucho más”, comparó.

Manifestó que en Venezuela se han introducido casos por el correo electrónico disponible y jamás se han obtenido respuestas.

Aseguró que, cuando un poder judicial tiene la voluntad de hacer su trabajo, se procede a consecuencia. “En Latinoamérica hay un mal en este sentido”.

“En el Salvador el poder judicial permitió que los jueces se llevaran los casos a sus hogares. Esto habla nuevamente de que se facilitó el trabajo para aprovechar de adelantar en las decisiones de los casos”.

Beneficios sin ejecutar

En este contexto, la coordinadora del OVP, Raiza Ramírez, señaló que durante todo este tiempo de pandemia, cualquier alternativa a la suspensión de la pena por tiempo mínimo de condena y optar a un beneficio, no se pudo ejecutar.

“Hay muchísimos retardos y no se les dieron sus medidas sencillamente porque no estaban trabajando. Hay muchas personas con sentencia cumplida y tampoco se ejecutó medida de protección”.

Señaló que en el estado Táchira “apenas es que están trabajando los tribunales de ejecución”. “Están trabajando los casos que tienen pena cumplida”.

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