Desalojo de la residencia estudiantil Livia Gouverneur: El testimonio de uno de sus afectados

Los jóvenes hospedados en la residencia estudiantil Livia Gouverneur, ubicada en Plaza Venezuela, amanecieron este martes con la noticia de que debían desalojar lo que hasta ahora había sido su hogar. Esto porque el Estado requiere el espacio para atender a pacientes con COVID-19.

Varios son los aspectos que revelan la arbitrariedad de esta medida que los residentes rechazan. En primer lugar la información repentina la recibieron por parte de funcionarios del Estado, sobre quienes aseguraron, recibieron amenazas de acusarlos de bioterrorismo si se negaban a acatar. En segundo lugar, a los jóvenes se les da esta orden con un plazo de tes días para su ejecución. Y por último, y quizás lo más importante, el desalojo sucede en un marco de pandemia por la COVID-19.

Ahora es noticia: Funcionarios del régimen solicitaron desalojo de la residencia estudiantil Livia Gouverner

Valeria Jiménez, residente de este edificio y cuyo nombre fue cambiado a petición de la fuente, declaró a Todos Ahora para brindar más detalles de los sucedido. A la vez de contar lo afectados que se encuentran tanto sus compañeros como ella.

Jiménez comentó que de los 400 estudiantes que alberga la RELG, solo 90 se encuentran actualmente dentro de ella por motivo de la pandemia. Asimismo, indicó que esos 90 jóvenes, se encontraban luchando y defendiendo su derecho habitacional en representación de todos sus compañeros.

Aseguró que este martes por la tarde se produjo una reunión entre un representante de cada piso de la Livia y la representante del JPSUV, Robedxa Poleo. Esto, con el fin de llegar a un acuerdo favorable entre las partes. A la vez de que a los jóvenes se les garantizara el retorno a lo que consideran sus hogares, luego de ser superada la emergencia por el coronavirus.

Sin garantía de regreso a su residencia

«No hay garantía para buscar las cosas de los que no están, ni de que se van a resguardar las mismas -ni siquiera de palabra-. Sobre el regreso, lo dijeron en un principio pero ni siquiera se ha hablado concretamente sobre eso. Realmente no hay garantía de nada, solo palabras y eso es lo que nos preocupa en la Livia. También debajo de la Livia se encuentran locales -una paletteria y muchos otros locales que no son de los sectores priorizados- que no van a ser desalojados pero sí los estudiantes», enfatizó este martes.

«Autobuses y demás cosas están ahí de manera arbitraria, ya que los chicos que se encuentran en la Livia, aún no han dado su brazo a torcer. Piden hablar con Nicolás Maduro, ya que fue él quien hizo la entrega de la residencia estudiantil», agregó.

Al mismo tiempo, destacó que los estudiantes resaltan la ilegalidad de esta solicitud cuando el propio Estado prohibió los desalojos durante el período de emergencia. A la vez de que en el lugar hubiese presencia de funcionarios armados.

«Mis compañeros se están apoyando en la gaceta oficial que prohíbe el desalojo. Así como en que la residencia es un legado de Hugo Chávez y que están atentando contra él y contra los derechos humanos. Los entes armados son los guardaespaldas de Robedxa Poleo y algunos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana», dijo.

«Impotencia y desesperación es lo que sentimos»

Ante esta situación, Jimenez contó que hay muchos sentimientos encontrados. En especial, una enorme preocupación e impotencia por sentirse de manos atadas ante esta medida.

«Yo estaba tranquilamente cuando de repente me llaman y me dicen la noticia a las 10:00 de la noche sobre que hay que desalojar la residencia para antes del viernes. Mis sentimientos fueron preocupación, angustia y luego una enorme impotencia, impotencia de no poder estar allá junto a mis compañeros de la Livia, de no poder hacer nada ya que estamos de manos atadas. Además de que nos acusen de bioterristas cuando los que quedaron allá no pudieron viajar a sus estados, ven clases online -que sabemos que en el interior del país ni siquiera hay seguridad de luz eléctrica, mucho menos de señal telefónica o internet- y a su vez trabajan y ayudan a su familia en el interior. Nada nos asegura a nosotros un retorno, nada nos asegura que las personas contagiadas de Covid-19 van a querer salir una vez terminada la situación. Lo sabemos, no es primera vez que nos quieren sacar de la Livia. No nos pueden acusar de manganzones por no querer abandonar nuestro hogar temporal, prestado, la temporalidad no es del espacio sino de nosotros como estudiantes», aseveró.

«Hay impotencia, desesperación por perder nuestras cosas, el espacio y todo lo demás. No somos Bioterroristas, no somos manganzones, somos estudiantes y queremos estudiar, solo eso», concluyó.

¿Qué sucede con la legalidad de esta medida?

Por su parte, Rafael Rodríguez, abogado de derechos humanos de la ONG Probono-Proveve, señaló que a pesar de que el panorama no está muy claro en el marco de la emergencia por la pandemia, pareciera que el Estado está en la potestad de ejecutar dicha acción.

«En Venezuela en el año 2011 se emitió una ley que establece la prohibición de desalojos forzados y que todo este proceso debe hacerse a través de una conciliación que se hace en el Sunavi. Sin embargo, en este caso no es un arrendamiento. En este caso es un bien del Estado que se da en concesión para el uso de personas. Pareciera que jurídicamente ellos pudieran revocar cualquier decisión de mantenerlos ahí», dijo Rodríguez

«También están prohibidos los desalojos forzados. Allí se activan unos mecanismos en los que el mismo Estado debe garantizar que las personas no queden en la calle, y en este sentido, se activa el tema de los refugios. En este caso ellos están llevando autobuses para trasladar a los muchachos hasta sus casas», agregó.

Asimismo el abogado explicó que bajo este contexto no queda muy claro a qué instancias los jóvenes podrían acudir. Esto porque debido a la misma situación de emergencia, tampoco hay tribunales abiertos.

Indicó que el Estado sustenta esta medida en decreto de alarma que se ha prolongado cuatro veces y que, establece que el ejecutivo tiene carta abierta para ejecutar cualquier medida para contrarrestar la COVID-19. Esto a pesar de que el decreto carece de legalidad porque no lo emitió la Asamblea Nacional legítima.

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