¿Cuáles son las consecuencias de las construcciones de mansiones en Galipán?

El pasado 31 de agosto, el Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques (Sunep-Inparques), denunció a través de Twitter, la construcción de una mansión en la loma Manzanares en San Antonio de Galipán, del parque nacional El Ávila. 

De acuerdo con este reporte, en ese lugar se demolió una colina completa para este fin y existen otras tres construcciones similares. Hecho que viola la ordenanza vigente para los parques nacionales que establece que solo «se pueden construir o remodelar hasta 150 metros cuadrados. Además de la sentencia 1738 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que establece que «la intensidad de las actividades recreacionales estará limitada al excursionismo y a la visita del escenario natural en quietud y silencio por parte de un público reducido, única y exclusivamente a través de senderos o trochas, no permitiéndose construcciones ni uso de vehículos a motor».

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¿Cómo afectan estas construcciones ecosistema del parque nacional?

Sobre este hecho, Todos Ahora consultó a una fuente especializada que declaró bajo anonimato para explicar cuáles son sus consecuencias ambientales.

De acuerdo con su análisis, «los movimientos de tierra generan una alteración en la estructura y dinámica de los ecosistemas, ya que alteran la topografía. Lo cual, puede modificar las nacientes de los cuerpos de agua, como ríos y quebradas».

«Del mismo modo, conlleva a la deforestación de dicha superficie, y al eliminar la cobertura vegetal. Además, aumenta la probabilidad de deslizamiento de tierra en las temporadas de lluvias (como en la que estamos). Evidentemente al alterar esas variables, la fauna desaparece de la zona afectada», explicó.

Asimismo, indicó que, realizar construcciones en áreas que no están prevista para tales fines, pone en riesgo no solo la biodiversidad del lugar, sino también, a sus habitantes.

«Todo esto responde a un proceso llamado degradación de hábitat, que es uno de los principales procesos de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, y lógicamente, regional. Al realizarse construcción en espacios que no están previstos con la zonificación para hacerlo, no solo se pone en riesgo la biodiversidad de la zona, sino la vida de personas que allí habitan o laboran. Esto, ya que no existen servicios como vialidad, suministro de aguas, etc. Por último el manejo de residuos puede ser un problema en el corto y mediano plazo, ya que los residuos producidos en el inmueble no podrán extraerse del mismo modo que los del pueblo de Galipan. En consecuencia, estos podrían ser vertidos en las laderas de la montaña. Con lo cual, se contaminaría el sistema y puede afectar la salud pública de los habitantes de Galipan, la fauna y la flora del Ávila», detalló.

¿Se puede revertir el daño?

En este sentido, destacó que, una vez causados los daños al parque nacional, dichos efectos no son reversibles.

«La experiencia ambiental en el Ávila demuestra que estos daños no son reversibles. De hecho, no hay evidencias de que un ecosistema intervenido por el humano haya retornado a su condición inicial. Ni si quiera bajo programas de reforestación (que no son recomendables). Tampoco bajo programas de restauración ecológica (qué no se han aplicado en el país). Esto ya que el nivel de energía necesario para que el sistema vuelva a un punto 0, es muy alto.

¿Se pueden revocar estas construcciones?

El experto aseguró que estas construcciones se pueden revocar, pues por ello existe una ordenanza legal en esta materia. Sin embargo, señaló que para esto es necesario que los organismos con competencia en esta materia realicen las investigaciones pertinentes.

«El tema es la inversión de energía y capital que eso conlleva. La historia nos dice que las decisiones tomadas en esos casos es abonar la construcción, como el caso del que hubiese sido el hotel Rancho Grande en Henri Pittier. La construcción llegó a un punto que fue insostenible y quedó una estructura que los biólogos aprovecharon como estación biológica. Sin embargo, el sistema nunca se recuperó en la superficie afectada. Las instituciones públicas pertinentes deberían iniciar sus investigaciones y, en un caso hipotético, de encontrarse irregularidades en el proceso, enviar el expediente a la Fiscalía de ambiente para que inicie el procedimiento judicial», manifestó.

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