martes, octubre 22

Torturas, detenciones arbitrarias y hambre son denunciadas en el informe de Bachelet

Foto: Sputnik Mundo

Redacción: Todos Ahora

Caracas – Este jueves 04 de julio la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo público un documento en donde se detalla la situación que enfrenta Venezuela e insta al régimen de Nicolás Maduro a tomar las medidas necesarias para, “Detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.

Por su parte, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentará el día viernes 05 de julio dicho documento, en donde se señala que, “Si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, lo cual se estima que llegue a los cuatro millones de venezolanos.

Este documento se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, donde denuncia que el régimen de Maduro ha implementado una política de mandato, “Orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.

Además, denuncia la hegemonía comunicacional establecida por el régimen, lo cual a neutralizado y en algunos casos, invalidado a los medios de comunicación, violentado así el derecho a recibir información y de libertad de expresión.

Detalla que desde el año 2014 se ha implementado detenciones arbitrarias sin fundamentos legales, creando así un sistema de intimidación y represión, por parte del régimen de Nicolás Maduro. Se registraron 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) aprehendidas entre 2014 y 2019, en donde se responsabiliza en su mayoría, a las fuerzas del estado por realizar este tipo de detenciones, cuando los ciudadanos se encontraban en el ejercicio de sus derechos de opinar y reunirse de forma pacífica, “Sometiéndoles a juicios en los que se cometieron graves y repetidas violaciones de la garantía de procedimientos justos”.

De igual forma, el informe indica los casos que se conocen de malos tratos y torturas aplicadas a los detenidos.

Señala que la GNB, PNB, FAES, Dgcim y Sebin son responsables de usos excesivo de las fuerzas durante manifestaciones; ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad; detenciones arbitrarias, maltratos y tortura a opositores y a sus familiares.  También, incluye a los colectivos armados que aplican terror y control social en las zonas donde estos se encuentran localizados o durante las manifestaciones. La Oficina del Alto Comisionado insta a que se disuelva la FAES y se establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, con el fin de dar respuesta a los vulnerados y familiares de las víctimas.

Hace hincapié en la actual crisis económica que vive el país, la cual ha generado un impedimento en la sociedad a la hora de adquirir alimentos e insumos médicos, lo cual representa otra vulneración de los derechos humanos.

“La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez o, como mucho, dos veces al día, y que consumían pocas proteínas y vitaminas. La falta de acceso a alimentos tiene un impacto especialmente adverso en las mujeres, que son las principales encargadas y/o las jefas de familia, que se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se han visto forzadas a intercambiar comida por sexo”, denuncia el comunicado.

En cuanto al tema de la salud indica, “Violaciones del derecho a la salud son resultado del incumplimiento del gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos (…). También se producen violaciones del derecho a la salud por el hecho de que el gobierno no publique datos sobre la salud pública, que son esenciales para la concepción y puesta en práctica de una respuesta adecuada a la actual crisis sanitaria que padece el país”.

Otro de los puntos tratados es el tema de la sanciones, y es que si bien destaca que Venezuela comenzó a presentar los primeros síntomas severos de la crisis mucho antes de la aplicación de las mismas, en la actualidad estas medidas agravan e imposibilitan la posible búsqueda de una solución a la crisis humanitaria que vive el país caribeño, “Dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense”.

Para leer el informe completo, dele clic aquí.

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