El Estado venezolano sigue en deuda con la Cota 905 y la realidad que esconden sus ranchos

Aunque el Estado venezolano logró acabar con el feudo criminal de la Cota 905 y los barrios aledaños, aún está en deuda con las comunidades, que durante al menos cinco años, vivieron sometidas al alto nivel de violencia de las bandas del Koki, Vampi y Garbis.

La toma de esos sectores populares por parte de los funcionarios de seguridad no solo dejó en evidencia el gran poderío bélico y las armas que tenían los delincuentes, también reflejó la pobreza, las precariedades y el daño psicológico que sufrían esas comunidades.

Cota 905

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Se calcula que en ese territorio viven al menos 500 familias en pobreza extrema. Estas padecen los desmanes de la desnutrición y habitan en ranchos de lata que ni siquiera cuentan con los servicios básicos.

Pero más allá de eso está la manera en la que vivían sometidos ante los delincuentes y cómo los enfrentamientos cambiaron por completo la percepción de lo real. Es justamente eso lo que el Estado debe cambiar.

«Aunque vivíamos en un terror constante por los tiroteos, ellos (los maleantes) nos hicieron creer que eran nuestros protectores, y que la policía era mala. Por eso cuando supimos que los funcionarios iban a subir estábamos en desacuerdo y llenos de miedo. Sin embargo, ahora nos dimos cuenta de que la realidad era otra. Los malos eran otros», dijo una habitante de la Cota 905 que prefirió resguardar su identidad.

Lo que opinan los expertos

El director del Centro de Investigaciones Populares y profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, Alexander Campos, asegura que la violencia asesina es una de las experiencias más traumatizante para las comunidades, familias y personas que habitan en esos sectores.

«Desencaja la vida cotidiana de la persona, pero los pone al límite. No es verdad que la paz que ofrecen las bandas sea una paz en la que realmente se sientan seguros los habitantes. Esto ya que saben que es una paz arbitraria, y que en cualquier momento se rompe», aseguró el especialista.

Y aunque las autoridades lograron tomar toda la Cota 905, si no se mantienen allí permanentemente, el hampa podría volver y recuperar esos espacios, y someter nuevamente a los ciudadanos.

Con relación a esto el abogado criminalista, Luis Izquiel, calificó el procedimiento denominado «GranCacique Guaicaipuro» como parcialmente exitoso. Esto porque, la mayoría de los delincuentes, incluyendo los cabecillas de la banda, lograron escapar.

Es por eso que considera que el Estado debe ocupar ese territorio tanto policial como socialmente. «El Estado debería entrar ahí con programas de subsidio de alimentos, reparación de viviendas, enseñanzas de oficios, hogares de cuidado diario y atención médica», indicó el abogado.

¿Cómo debe ser el control policial?

En cuanto al control policial, Izquiel afirmó que se necesita una policía preparada para lidiar con esa comunidad. Una que no cometa abusos y atropellos porque no recibiría una aceptación positiva en los habitantes. Destacó que en muchos casos no ven al funcionario como una seguridad sino como una amenaza.

El sociólogo Campos concuerda con la idea de Izquiel y plantea que El Estado debería tener una presencia en la comunidad a través de sus distintas instituciones y no solo las instituciones represivas. Fortalecer la presencia de la sociedad civil dentro de las comunidades. Los jóvenes deberían ver un futuro distinto al horizonte que le plantean las bandas delincuenciales.

Según las cifras oficiales, durante los operativos realizados en la Cota 905 desde el 8 al 10 de julio murieron al menos 22 presuntos delincuentes pertenecientes a las bandas del Koki, Garbis y Vampi.

También se calcula que unos 12 civiles murieron a causa de proyectiles fríos, mejor conocidos como «balas perdidas” provenientes de los tiroteos.

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