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Foto referencial / Cortesía
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Provea alertó sobre hostigamiento y criminalización a diversas ONG

El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea, alertó que desde el régimen de Nicolás Maduro se ha iniciado una campaña de hostigamiento y criminalización hacia diversas ONG en el país.

Destacó que desde el pasado 24 de septiembre la cuenta en redes sociales denominada “Misión Verdad”, inició una campaña a varias organizaciones, acusándolas de transmitir información falsa a la Misión de la ONU.

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“En la campaña se apunta directamente a organizaciones como el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), Espacio Público, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Control Ciudadano. Todas ellas, organizaciones de reconocida trayectoria en la documentación y defensa de los derechos humanos en el país”, resaltó el documento.

Asimismo, se denunció que esta “nueva amenaza contra la sociedad civil” se desarrolla en un contexto de ataques “sistemáticos” contra las personas defensoras de derechos humanos y ONG. Quienes, en la práctica, ya han tenido un fuerte impacto en el cierre del espacio democrático en Venezuela.

Postura de Provea sobre hostigamiento a diversas ONG

“Estas campañas de estigmatización y descrédito, se alimentan de un discurso de odio y desprestigio del trabajo de defensa de derechos humanos. Estos ataques se han convertido en una política de Estado en Venezuela”, dijo Gerald Staberock, secretario general de la OMTC, según el comunicado.

Igualmente, en el texto se manifestó la declaración de la presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Alice Mogwe, quien enfatizó el derecho de la financiación.

“Reiteramos que los estándares internacionales de derechos humanos de aplicación en Venezuela, reconocen sin duda alguna que el derecho de las ONG a la financiación internacional, es una parte integral del derecho a la libertad de asociación”.

Por último, exhortaron a las autoridades a establecer plenas garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, información y defensa de los DDHH en el país. En esto, se incluye la financiación como parte integrante del derecho a la libertad de asociación.

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