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ONG Foto Cortesía

ONG venezolanas exigen garantías y protección a la población tras el Covid-19

Un grupo de 100 Organizaciones no Gubernamentales (ONG), entre ellas el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y FundaRedes, emitieron en días recientes un comunicado en el que expresan una serie exigencias a las autoridades del país a fin de brindar garantías a toda la colectividad, para enfrentar la propagación del Covid-19.

Reiteraron que los derechos humanos deben ser parte esencial de cada iniciativa de prevención, preparación, contención y tratamiento del Covid-19. Señalaron que el respeto a la dignidad humana es fundamental en todas las etapas de la crisis.

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En tal sentido, enfocan en el escrito una serie de aspectos en los que insisten, se pueda tomar en consideración por parte de los distintos entes del país.

Peticiones de las ONG

1) Todas las autoridades y sectores de la sociedad deben enfrentar la epidemia colocando en primer lugar la salud y bienestar de la población. Uniendo esfuerzos para colaborar en todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19.

2) Se debe garantizar el trabajo de los actores humanitarios y los defensores de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de solicitar toda la asistencia nacional e internacional necesaria para atender las necesidades de las personas que pudieran ser afectadas.

Que el trabajo de estos actores humanitarios y de derechos humanos pueda realizarse sin restricciones y represalias.

3) La actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías debe respetar derechos humanos, evitando arbitrariedades, y subordinarse al liderazgo de las autoridades civiles. Priorizando las tomas de decisiones, según criterios técnicos, científicos y sanitarios.

Debe prohibirse las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de orden público y debe establecerse una vocería coordinada. Esta, encabezada por las autoridades sanitarias, que evite los mensajes confusos para garantizar mejor orientación y mayor confianza en la población.

4) La implementación de la cuarentena debe informar suficientemente sobre su alcance, protocolos de movilización para el acceso a alimentos y atención médica. A fin de garantizar el mayor disfrute posible de los servicios básicos como el acceso a agua y energía eléctrica.

Además, debe incorporar políticas para garantizar los medios de vida de la toda la población. Con especial foco en los sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia. Así como, adultos mayores y personas en situación de pobreza. También, personas privadas de libertad, en situación de calle, que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período de tiempo.

Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos no discriminatorios. Una cuarentena, según el derecho internacional, debe ser de duración limitada.

Ser revisada periódicamente e implementada de manera segura y respetuosa para disminuir los riesgos en el pleno disfrute de los derechos humanos.

Se suman más peticiones

5) El acceso a la información es un aspecto clave de las garantías del derecho a la salud de la población.

La difusión de información debe hacerse de manera responsable, evitando alarmas innecesarias en la población y debe garantizarse que el trabajo de los medios de comunicación pueda realizarse sin restricciones adicionales al de las condiciones que eviten el contagio de sus trabajadores.

Deben retirarse las restricciones actuales que impiden la consulta a diferentes medios de comunicación nacional e internacional. Deben publicarse los boletines sanitarios que dejaron de publicarse desde 2006 y mantener información trasparente en materia epidemiológica.

6) Se deben colocar todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población. Especialmente a los sectores vulnerables, de bajos ingresos y residentes en zonas remotas.

Deben tomarse todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.

7) Las medidas de restricción de movilidad deben adoptarse de tal manera que no produzcan desabastecimiento. No impidan la asistencia a centros médicos para tratamientos regulares necesarios, para no agravar condición de salud. Atender los casos de personas que quedaron en terminales sin recursos y posibilidades de trasladarse.

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