Impacto de la COVID-19 en el ejercicio de los derechos humanos en Venezuela

La organización Crisis en Venezuela realizó este martes un foro chat vía WhatsApp titulado «Impacto de la COVID-19 en el ejercicio de los derechos humanos en Venezuela». Un espacio de encuentro ciudadano que permitió debatir sobre esta materia.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, fue el vocero invitado que explicó cómo las medidas tomadas por el régimen de Maduro, como método de contención de la pandemia, incrementan las vulneraciones de los derechos humanos en el país.

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¿Cómo han impactado las medidas por la pandemia en la calidad de vida de los venezolanos?

El impacto que han tenido las medidas por la pandemia en la calidad de vida de los venezolanos fue el primer punto desarrollado. Antes de ello, Uzcátegui contextualizó el escenario que existía en Venezuela antes de la llegada de la pandemia. Recordando los padecimientos que como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja, desencadenó,lo que denominó «la peor crisis migratoria de la región en los últimos tiempos».

Pérdida de la institucionalidad

En segundo lugar, se refirió a la erosión de la institucionalidad democrática, la independencia de los poderes y el estado de derecho, como consecuencia de lo anterior.

Partiendo de esos puntos, el también sociólogo aseguró que el coronavirus llegó a Venezuela como un elemento agravante de esa situación. Y que en este contexto, «la estrategia del régimen no se ha dirigido a colocar el bienestar de la población en primer lugar, sino, a evitar que el coronavirus disminuya la precaria gobernabilidad bajo la cual Nicolás Maduro se sostiene en el poder».

«No hay ninguna razón, salvo esperar un milagro, para que el coronavirus disminuya la precaria gobernabilidad sobre la cual Maduro se sostiene en el poder. Por eso, no hay motivos para que el comportamiento del coronavirus en Venezuela sea radicalmente diferente a lo que han sufrido nuestros países vecinos. Siendo así, su impacto es absolutamente devastador«, expresó.

Tomando como referencia el caso colombiano, en donde resaltó se alcanzó una cifra de 29.000 muertes por coronavirus, indicó que se puede hacer una proyección sobre la real situación de la COVID-19 en el país. En donde hasta el momento, el régimen solo ha admitido, la muerte de 764 personas por esta causa.

En ese sentido, lamentó que la ciudadanía esté asumiendo estos reportes como las cifras oficiales. Lo cual, deja ver que «la estrategia del gobierno de facto para invisibilizar el impacto del coronavirus está funcionando en el país».

Pandemia como un mecanismo de control social más

Uzcátegui criticó el abordaje que Nicolás Maduro le ha dado a COVID-19 «como si de un enemigo político o militar se tratara. «Excluyendo al mismo tiempo todos lo gremios de la sociedad civil que pudieran ayudarlo a enfrentar de manera eficiente la situación».

«Además, ha aprovechado los mecanismos y las circunstancia para aumentar el control sobre la sociedad. Lamentablemente si el coronavirus no obligó a Maduro a convocar un gobierno de unidad nacional para enfrentar localmente lo que es una catástrofe mundial, pocas cosas entonces lo harán», manifestó.

Por otra parte, resaltó que el coronavirus ha puesto en evidencia factores como el empobrecimiento y las inequidades generalizadas en la población.

«Una de ellas por ejemplo es el caso de Caracas con el resto del país. También, la del porcentaje de la población con acceso permanente a divisas y los que están obligados a sobrevivir con bolívares, quienes viven de manera diferente la cuarentena. Finalmente, la de los privilegiados bajo el amparo de Miraflores. Estos no sufren los rigores de la crisis de los servicios básicos, y cada vez que se enferman pueden tratar sus dolencias fuera de nuestro país. Y en contraste, el resto de la población», indicó.

Con base a todos estos elementos, refirió que el Estado ha puesto en cuarentena los derechos humanos de los venezolanos por su prioridad actual de mantenerse en el poder.

¿Puede un estado de alarma restringir los derechos fundamentales?

Como segundo punto, el coordinador de Provea respondió a la interrogante de si existe la posibilidad de que un estado de alarma pueda impedir la expresión ciudadana o restringir los derechos fundamentales. Sobre lo cual brindó algunos argumentos jurídicos para cuestionar que «ninguna normativa, decreto o ley puede colocarse por encima de la Constitución nacional».

«En nuestra Carta Magna, a partir del artículo 337, donde están reguladas estas situaciones extraordinarias que pueden de manera temporal restringir solamente algunos derechos, habla sobre los decretos de los estados de excepción. Allí se dice muy claramente que podrán ser restringidas las garantías consagradas en la Constitución, salvo los referidos a los derechos de la vida, prohibición de incomunicación o tortura. Además del derecho al debido proceso, a la información y los demás derechos intangibles. Es decir, que a pesar de que existan situaciones excepcionales, hay algunos derechos humanos que, según nuestra Constitución, no se pueden derogar bajo ninguna circunstancia», explicó.

Al mismo tiempo, se refirió al artículo 338 que habla específicamente a los estados de alarma. Indicando que el periodo constitucional establecido para estos escenarios es de 30 días, prorrogable por 30 días más. Finalmente, sobre el artículo 339 indicó que la Asamblea Nacional debe tener un rol en la creación de estos decretos excepcionales.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante la vulneración de sus derechos?

Destacó, que la principal herramienta que los ciudadanos tienen frente a las violación de sus derechos es la denuncia.

Además, consideró importante «evitar la división entre los mismos venezolanos por considerar que es una de las estrategias por las que apuesta el régimen venezolano para mantenerse en el poder».

Comentó que ante la recomposición de la Asamblea Nacional en el 2021, se prevé una situación de crisis representativa en el campo democrático, económico y político.

«En el ámbito social, creemos que Caracas va a ser un centro visible de la crisis ya que la centralidad de la agenda informativa va a ser la interrupción de los servicios básicos», dijo. En este contexto, mostró preocupación por la posibilidad de normalización de la crisis venezolana a escala internacional.

Por esta razón, reiteró la necesidad de que «la sociedad venezolana se mantenga unida para poder detener lo que pudiera ser una ofensiva antidemocrática desde la propia AN. Esto mediante la aprobación de leyes irregulares que se colocarán por encima de la Constitución».

También, resaltó la necesidad de que se mantenga la presión internacional sobre la protección de los derechos humanos en el país. Para este fin, enfatizó la importancia de la documentación de los casos de violaciones de los derechos.

Recomendó algunos mecanismos de denuncia ciudadana que se pueden ejercer pese al confinamiento.

«Se pueden realizar manifestaciones públicas manteniendo las medidas de bioseguridad. También convocando a los medios de comunicación para difundirlas, o estableciendo una estrategia propia de difusión. Se debe continuar el trabajo de documentación para respaldar apropiadamente las denuncias. Contactar a medios de comunicación y ONG de derechos humanos regionales. También está la posibilidad de comunicarse con el equipo del Alto Comisionado de DDHH de la ONU que se encuentra en nuestro país», dijo.

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