Fundehullan denunció la criminalización a la sociedad civil en Venezuela

La Red Justicia y Libertad de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos y los Andes (Fundehullan) presentó su informe trimestral en la vulneración y violación a los derechos humanos, siendo la criminalización a la sociedad civil el factor predominante por parte de quienes ejercen el poder en Venezuela, a través de los organismos de seguridad del estado, afectando a la ciudadanía, así lo informó Luis Montilla, vocero de esta organización, en la ciudad de Barinas.

Criminalización a la Sociedad civil sigue siendo factor predominante en la vulneración de DDHH
foto cortesía

 

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Para la Red Justicia y Libertad y Fundehullan, es preocupante los resultados de la documentación. En las conclusiones prevalece la estigmatización contra las ONG, fundaciones, gremios y sindicatos. Esto como un patrón reincidente y continuo.  De igual forma las limitaciones a la libertad de expresión. Esto afectan el desempeño de los medios de comunicación y periodistas, así como el derecho de la población venezolana a mantenerse oportunamente informada.

Investigaciones realizadas

En el monitoreo e investigaciones realizadas por el equipo desplegado por la Red Justicia y Libertad, en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa de la región llanera y de los Andes Mérida, Táchira y Trujillo, desde el primero de noviembre hasta el 31 de enero; dio como resultado; dos estigmatizaciones a ONG y miembros de la Sociedad civil, trece detenciones arbitrarias, tres ataques contra la integridad física, dieciséis  ataques contra la libertad de expresión (intimidación a periodistas), tres ataques a la libertad de prensa (cierre arbitrario de emisoras de radio y confiscación de equipos), y siete programas de radios cerrados de forma arbitraria, así lo detalló Montilla.

Durante el trimestre Fundehullan nuevamente es objeto de estigmatización. El 05 de enero, la periodista Erika Ortega Sanoja, a través de un tuit, desprestigió y descalificó la labor que desempeña el equipo de Fundehullan.

Finalmente, Montilla expresó que es más evidente la política de criminalización por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y sus instituciones. El Estado Venezolano insiste en aplicar métodos coercitivos que obstaculizan e impiden la labor de defensa y acción humanitaria. Con esto incumplen los estándares y obligaciones internacionales que están enmarcadas en proteger a las personas y organizaciones defensoras como parte de la obligación de proteger los derechos humanos.

Prensa RJL/Fundehullan

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