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Frontera en Venezuela. Foto: Frontera Viva
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La «perversión con uniforme» que denuncia Fundaredes en la frontera con Colombia

Funcionarios de seguridad en alcabalas, y grupos armados irregulares que controlan largas extensiones de territorio en Venezuela, han cometido tratos crueles, inhumanos y degradantes. También hay casos de extorsión, intento de agresiones sexuales, robos, entre otras vulneraciones contra los migrantes forzados venezolanos. Así lo asegura la ONG FundaRedes.

En una denuncia ante la Defensoría del Pueblo en Táchira, denunciaron estas irregularidades que se han incrementado en la pandemia.

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La organización ha hecho un despliegue de en las carreteras de los estados fronterizos de Venezuela. Esto con la intención de documentar la situación de los migrantes forzados, conocidos como caminantes.

En los testimonios, la mayoría coincide en cómo funcionarios de los organismos de seguridad en puntos de control les despojan de sus pertenencias, objetos de valor o dinero para dejarlos avanzar.

Datos de FundaRedes

Javier Tarazona, director general de FundaRedes explicó que, desde el inicio de la pandemia, se presentó la extorsión. Estos abusos provienen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra los migrantes retornados en los pasos ilegales para ingresar a Venezuela. “Pero en estas últimas semanas FundaRedes ha documentado la perversidad con uniforme, cuando vemos de nuevo a la gente saliendo del país, son venezolanos que huyen de la miseria, del hambre, y en las alcabalas los paran y les quitan el poco dinero que llevan para comer”.

Destacó que más de 250 pasos ilegales en Táchira, 180 por el Zulia, y 90 por el estado Apure, son el espacio para que venezolanos que migran forzadamente queden a merced de grupos armados irregulares. Estos les cobran un monto en pesos colombianos o en dólares según la cantidad de maletas que llevan para permitirles cruzar hacia Colombia.

Tarazona denunció ante la Defensoría del Pueblo que: “por la frontera de Apure, Táchira y Zulia se ha registrado que las alcabalas de cuerpos policiales, Guardia Nacional y Ejército, piden a los caminantes la prueba PCR para saber que no son positivos para COVID-19  como requisito para permitirles pasar, sabiendo que en este país no hay ni insumos médicos, y como no las tienen, les exigen que paguen en dólares o a las mujeres que paguen con el cuerpo. Les quitan dinero, algún objeto de valor, pertenencias básicas”.

Así mismo el vocero de FundaRedes señaló que la mayor cantidad de caminantes son mujeres con niños.

Amenazan a las comunidades que ayudan a los migrantes

Javier Tarazona, director general de FundaRedes, también denunció ante la Defensoría del Pueblo que las comunidades que han ofrecido alimentos, hidratación, un lugar para descansar o el baño a los caminantes, han sido víctimas de amenazas por parte de supuestos colectivos.

Destacó que vecinos de varias comunidades que se han organizado para darle una mano a los migrantes forzados, han recibido visitas de sujetos armados. Los sujetos les advierten que si continúan ayudando a los caminantes tendrán que pagar las consecuencias.

Expresó que el régimen busca silenciar esta situación, porque incumple en su deber de garantizar las condiciones para que los ciudadanos no tengan que huir del país, y en su defecto intentan impedir que las personas se movilicen hacia la frontera.

Por esto, exigieron al régimen que permitan que la gente ejerza su derecho a migrar en condiciones dignas. Esto sin que los extorsionen los funcionarios que deberían resguardarlos.

Nota de prensa de FundaRedes.

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