FundaRedes exigió a la Defensoría del Pueblo que se garantice el respeto a los migrantes venezolanos. En la denuncia aseguraron que a los retornados se les ha vulnerado su derecho a migrar y regresar. También les han negado el libre tránsito y una una atención digna en medio de la pandemia de COVID-19.
Gerardo Rincón, coordinador del Observatorio de DDHH de FundaRedes en Táchira, consignó ante la defensoría un escrito. En el documento se evidencia que más de 27.000 ciudadanos han solicitado entrar a Venezuela según migración Colombia. Sin embargo, el régimen limitó el ingreso solo a 1.200 personas cada semana, a razón de 900 en Táchira y 300 en Apure. Esta restricción se traduce a que pasará mucho tiempo para que estas personas logren llegar a sus hogares. Mientras tanto permanecen en condición de calle en ese país vecino. Así lo reseñó una nota de prensa.
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El coordinador del Observatorio de DDHH de FundaRedes, acompañado por activistas de la organización, recordó que estos miles de venezolanos que buscan regresar a su país, en uso de su legítimo derecho, se encuentran desprotegidos en la frontera. Añadió que hay miles de niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad en Colombia en situación de calle, sin un lugar donde dormir. La mayoría tampoco tiene alimentos, en pleno desarrollo de la crisis de salud mundial generada por la pandemia.
¿Qué otras denuncias hizo FundaRedes?
Así mismo Gerardo Rincón dijo que, una vez logran ingresar a Venezuela, los migrantes los trasladan a los Puntos de Asistencia Social Integral (PASI). En estos lugares no se les garantiza condiciones dignas. Básicamente porque están sin alimentos o les proporcionan comida descompuesta. Tampoco hay agua potable ni lo que se requiere para la higiene personal.
Denunció que el régimen se ha visto imposibilitado para recibir a sus propios connacionales que hoy decidieron retornar. Y aunque esta situación se registra, no cede en la necesidad de permitir el ingreso de la ayuda humanitaria.
En tal sentido FundaRedes solicitó de manera formal ante la Defensoría del Pueblo que se garantice el respeto a los derechos de estos miles de ciudadanos. La idea es que se restituya su libre posibilidad de ingresar al país, además, el Estado está en la obligación de establecer políticas públicas en materia de atención primaria a los connacionales y que se les dé el trato digno que merecen ya que está contemplado en la constitución y las leyes. En caso de que el Estado se vea imposibilitado a cumplir con esta atención, deberá permitir el ingreso de la ayuda humanitaria que mitigue la situación de los venezolanos.
Reiteró que desde FundaRedes y su Observatorio de DDHH continuarán con la documentación, registro y denuncia de este tipo de situaciones que atenta contra la dignidad humana, y que ha puesto en una condición de riesgo mayor a miles de personas que intentan volver a través de las fronteras terrestres de Venezuela.
