CIDH denunció violaciones a los derechos universitarios en su informe 2020

El Informe Anual 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documenta la crisis que vive la libertad académica en Venezuela. En el mismo se resaltan las violaciones al derecho a una educación de calidad en el marco de la COVID-19; la designación inconstitucional de Clotilde Navarro como Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia, que violó la autonomía universitaria de esta casa de estudios; y los efectos de la asfixia presupuestaria y la Emergencia Humanitaria Compleja en la educación universitaria.

Referencial / Cortesía

El informe de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH también destaca la situación de los espacios universitarios de conservación ambiental, la designación arbitraria de autoridades universitarias, las decisiones del poder judicial que atentan contra la autonomía universitaria, las prácticas de discriminación por parte del Estado a través de plataformas como el Sistema Patria, así como testimonios de representantes de gremios del sector salud sobre represalias por exigir mejores condiciones laborales

Universidades en pandemia

El informe reporta la crisis que han vivido las universidades venezolanas desde la llegada de la pandemia COVID-19, indicando un “aumento importante en la deserción escolar”.

Toman como ejemplo que “organizaciones de la sociedad civil han documentado que la Universidad de los Andes, en el estado Mérida, registró al menos un 58.84% de deserción estudiantil”, citando información de la Dirección de Planificación de la UCLA, suministrada a través de una entrevista por el equipo de investigación en la zona occidente de Aula Abierta, en noviembre de 2020.

Por otra parte, se puede leer que “la Comisión conoció que, con el ánimo de facilitar la continuidad de los estudios durante la pandemia de la COVID-19, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria implementó el plan ‘Universidad en casa’. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han advertido que la brecha digital y la intermitencia en el acceso a servicios de internet continúan siendo muy alta”.

“Por ejemplo, un sondeo realizado por Aula Abierta junto con otras organizaciones de la sociedad civil arrojó que, de 114 estudiantes entrevistados de universidades públicas y privadas, el 71.9% consideró que la calidad del servicio de internet afectó de forma negativa el desempeño de las actividades académicas a través de la modalidad a distancia”, dice el informe.

Caso Navarro: designación arbitraria de autoridades universitarias

El informe destaca que durante la visita a la frontera colombo-venezolana, desde  diversos movimientos estudiantiles y asociaciones de profesores, se denunció ante la Comisión Interamericana que “la libertad académica y la autonomía universitaria se encuentran amenazadas en Venezuela”.

En ese sentido, destacan que, “según la información suministrada”, el Consejo Nacional de Universidades, adscrito al Ministerio de Educación Superior  designó “arbitrariamente a altas autoridades universitarias con el objeto de restringir el pensamiento crítico al gobierno y la participación en asuntos públicos”, citando el trabajo de Aula Abierta titulado “Crónica de la designación inconstitucional de Clotilde Navarro como Vicerrector Administrativo de LUZ”, publicado en febrero de 2020.

“Adicionalmente, denunciaron que el poder judicial ha proferido sistemáticamente decisiones desconociendo los resultados de las elecciones estudiantiles, obligando a las universidades a acatar designaciones arbitrarias, e incluso legislando sobre procedimientos electorales para la elección del gobierno universitario”, agrega el informe.

Asfixia presupuestaria

La Comisión informa que también recibió denuncias sobre la asfixia presupuestaria de las universidades, “lo que perjudica a servicios estudiantiles como la alimentación, el transporte y el acceso a bibliotecas”.

Detallan que, según informó la sociedad civil, “los subsidios estudiantiles individuales serían alrededor de 1 USD mensual, y los platos de los comedores universitarios tendrían menos de 600 calorías”.

“Estas medidas, sumadas a la crisis económica, han repercutido en la deserción estudiantil, que en algunos planteles ha superado el 40%. La crisis económica también ha llevado a que muchos docentes se vieran forzadas a migrar debido a la nula o baja remuneración que reciben, que no supera los 8 USD mensuales”, señala la Comisión basada en información de la Dirección de Planificación de la UCLA, suministrada a Aula Abierta, en noviembre de 2020.

“Esta circunstancia afecta particularmente a las personas mayores jubiladas del sector de la educación, quienes, al pensionarse, pierden cobertura en algunos servicios de salud, y cuyas pensiones son inferiores a los salarios cotizados durante su vida laboral”, añade la Comisión.

Sistema Patria como violación a la autonomía universitaria

En uno de los capítulos del informe anual 2020, la REDESCA muestra preocupación por  el anuncio “de la concesión de becas mediante la ‘Plataforma Patria’, que, aunque no se ha concretado, es de gran preocupación en tanto ha habido constantes denuncias sobre la utilización del Carnet de la Patria como un instrumento de exclusión social por cuestiones políticas”.

“Con ello, el Gobierno garantizaría el derecho a la educación de forma selectiva, ya que solo beneficiaría a quienes le son afines ideológicamente, contraviniendo su obligación de no discriminación”, se lee en el informe citando al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.

Crisis ambiental en las universidades

Asimismo, la REDESCA cita el informe Situaciones de los espacios universitarios de conservación ambiental, publicado por Aula Abierta en agosto de 2020, para afirmar que “toma atenta nota que en el ámbito educativo, se ha registrado una situación de deterioro progresivo de los espacios universitarios de conservación ambiental a causa de la asfixia presupuestaria inducida por el Estado”.

Específicamente, reportan información de la sociedad civil que habla de “31 áreas de conservación in situ, cuya gestión y administración es garantizada por las universidades, de las cuales seis tienen condiciones favorables, tres se desconoce su situación actual, siete han sido sometidas a continuos hurtos. Nueve declararon sufrir de déficit presupuestario, cinco han sido vandalizados, tres tienen amenazas constantes de incendios y ocho han sufrido o tienen problemas latentes de invasiones u ocupaciones ilegales”.

“De igual manera se registraron 21 sitios de conservación ex situ, donde solo uno de estos presenta condiciones favorables para trabajar, cuatro especifican la falta de presupuesto como principal problemática, 16 denuncian constantes hurtos, cinco han sido incendiados, 13 han sido vandalizados y tres tienen problemas con invasiones u ocupaciones ilícitas”.

Persecución contra académicos en Nicaragua

Estas denuncias, ratificadas en el informe de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), demuestran el compromiso de la Comisión con el desarrollo y la protección de la libertad académica no solo en Venezuela, sino en toda América. Pues también se resaltan casos en Nicaragua y Cuba, donde los académicos también han sido perseguidos y han recibido represalias por divulgar conocimiento científico.

En el caso particular de la nación nicaragüense, se afirma que la Comisión y su REDESCA documentaron que el 22 de abril de 2020, en el marco de la pandemia COVID-19, “una comisión designada por las autoridades de la UNAN – Managua procedió al despido de cuatro miembros del Consejo de Dirección del Centro de Investigación y Estudios de la Salud (CIES): Miguel Ángel Orozco, Marcia Ibarra, Rosario Hernández y Lissette Linares, quienes desempañaban los cargos de Director, Subdirector, Docente en el área de formación y Profesora del área de administración del centro, respectivamente”.

“Según el acta resolutiva de la comisión, la separación se fundamentó en lo dispuesto por el artículo 45 del Código del Trabajo, el cual hace referencia a las indemnizaciones que deberá percibir la persona que trabaja”, agrega el informe que cita el trabajo especial de Aula Abierta titulado “Despiden a investigadores del CIES de la UNAN – Managua por críticas hacia el manejo gubernamental del COVID-19”, que se publicó en abril de 2020.

En Venezuela, sin universidades no hay futuro posible

La REDESCA recomienda al Estado venezolano “abstenerse de cualquier acción o conducta que pueda limitar la autonomía de las universidades, investigando y en su caso, sancionando los atentados a dicha autonomía, revisando y modificando toda legislación o práctica que menoscabe la misma”.

También muestra preocupación por “la situación de constante acoso e intimidación a los centros universitarios en el país, la cual repercute en la capacidad de hacer efectivo otros DESCA.

En esa línea, es importante remarcar que, si bien el sistema interamericano de derechos humanos no impone a los Estados miembros de la OEA un determinado modelo social, político o económico, sí exige el respeto de los valores democráticos y los derechos humanos, el cual también debe reflejarse en la educación”.

Desde Aula Abierta agradecemos a la Comisión por visibilizar la crisis que vive la libertad académica y los universitarios en Venezuela, recordando que no hay democracia ni futuro posible sin universidades libres y autónomas.

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