miércoles, agosto 21

Sobre el significado del 10 de enero de 2019 en Venezuela

Autor: Bloque Constitucional – www.bloqueconstitucional.com

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Constitución, el 10 de enero de 2019 debe darse inicio a un nuevo período constitucional con la toma de posesión del cargo de presidente de la República por parte del candidato que hubiese resultado triunfador en una elección presidencial libre, justa y competitiva; pero en Venezuela no se ha celebrado ninguna elección libre, justa y competitiva para ese cargo, pues el proceso “electoral” del pasado 20 de mayo, en el que supuestamente resultó electo Nicolás Maduro, es ilegítimo no sólo por haber sido inconstitucionalmente adelantado, sino fraudulentamente ordenado por una entidad manifiestamente espuria, como es la Asamblea Nacional Constituyente, instalada por la sólo voluntad de Maduro.

Al margen de la ilegitimidad interna de la farsa electoral, el sedicente candidato Nicolás Maduro ya estaba incurso en usurpación del cargo de presidente de la República y en situación de ilegibilidad constitucional genérica, amplia y permanente, derivada de las dudas razonables no disipadas en relación a su doble nacionalidad, y la inhabilitación constitucional al haber sido formalmente declarada su falta absoluta por la Asamblea Nacional.

Ante ello, el Bloque Constitucional de Venezuela declara que la Asamblea Nacional ante la proximidad del 10 de enero de 2019 y la eventual materialización de un nuevo acto de usurpación por parte de Nicolás Maduro, de conformidad con los términos del “Acuerdo de Desconocimiento de la Farsa Electoral del 20M”, de fecha 22 de mayo de 2018, no sólo condene enfáticamente esta nueva usurpación sino que tome las medidas que constitucionalmente hubiera lugar; también exhorta a que todos los venezolanos, civiles y militares han de estar unidos y permanecer firmes y comprometidos con los pronunciamientos nacionales, especialmente de la Asamblea Nacional y de los organismos internacionales, así como de los mandatos constitucionales que obligan al mantenimiento del orden público. Además, alertamos que las instituciones fundamentales de la República han de tener en cuenta el momento histórico que vive nuestra nación.

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Fuente: Boletín No. 66

crisisenvenezuela.com

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