¿Es correcto decir «Ley Constitucional»?

El desatinado término «Ley Constitucional» no tiene razón de ser en nuestro ordenamiento.

En Venezuela, desde la instauración de la ahora desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, han sido constantemente publicadas en Gaceta Oficial normas denominadas “Leyes Constitucionales”, tales como: Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero, Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, Ley Constitucional sobre la creación de la Unidad Tributaria Sancionadora, Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, Ley Constitucional de Precios Acordados, Ley Constitucional que crea al Impuesto a los Grandes Patrimonios, Ley Constitucional antibloqueo, entre otras. 

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Todo ello, en virtud del descarrío establecido en el año 2017 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual creó una “plataforma para redactar proyectos de leyes constitucionales, para remitir a la Asamblea Nacional Constituyente”, situación completamente arbitraria y desprovista de fundamento constitucional y legal en nuestro país. 

En relación con lo anterior, es importante resaltar que a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) posea iniciativa legislativa, esta debe ser restringida únicamente a procedimientos judiciales, y de organización del Poder Judicial, pues ante todo el TSJ, es la cúspide del Poder Judicial y por ende, debe ser un órgano independiente e imparcial, sin tendencias políticas. 

¿Por qué es incorrecto decir este término? 

Nuestra constitución define la Ley en su artículo 202 y siguientes, y dispone como normas de rango legal solamente a las: leyes ordinarias, códigos, leyes orgánicas, leyes habilitantes, y los decretos con rango de ley. 

Ahora bien,  la inexistente Asamblea Nacional Constituyente (ANC), desde su instauración despótica hasta el año 2020, de forma arbitraria usurpó abusivamente las funciones de la Asamblea Nacional (AN), al crear y sancionar leyes, simulando ser un Parlamento, y despojando dictatorialmente de su potestad al Poder Legislativo. 

En ese sentido, una ley promulgada por la ANC no puede considerarse ley, puesto a que no es dictada por ninguno de los representantes de los órganos del Poder Público con atribución constitucional para dictar normas de rango legal. A saber: Asamblea Nacional, y Presidente de la República habilitado por la Asamblea Nacional. 

Aunado a ello, tampoco pueden catalogarse estas disposiciones constitucionales, puesto a que esa condición no se encuentra dispuesta en ninguna norma de nuestra Carta Magna. En otras palabras, la Constitución no prevé la creación de “leyes constitucionales”, solo la reforma y/o enmienda de la misma. Por ello, consideramos que dicho término es inexistente, apócrifo, y carente de fundamento jurídico. 

A su vez, es importante acotar, que el propósito de la ANC, era redactar una nueva Constitución, para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, acorde con la nueva Carta Magna, no crear de forma separada y arbitraria “Leyes Constitucionales”, sin consulta o referéndum alguno, y mucho menos usurpar el Poder Legislativo a capricho. 

Razón por la cual, no encontramos una explicación jurídica al respecto, siendo nomotético ilustrar que estas disposiciones solo son creadas por motivos políticos perjudiciales para nuestro sistema constitucional y legal, pues todo ello se encuentra al margen de la Constitución y en consecuencia menoscaban drásticamente el Estado de derecho y la estructura jerárquica positiva de nuestro ordenamiento jurídico. 

En conclusión, las “leyes constitucionales” no son solo un bochorno desprovisto de razonamiento técnico legal en nuestro ordenamiento, son además un invento infame de naturaleza política, con rasgos retorcidamente perversos, para poder ejercer arbitrariamente el Poder Público. 

Como diría el ilustre profesor Dr. Alberto Arteaga Sánchez, en la red social Twitter: “La Constituyente cumplió su cometido: decretó  el fin del ordenamiento jurídico”. 

Por: Mariana Linares

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