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Ley Antibloqueo concentra más poderes en el ejecutivo

En un artículo reciente se escribió sobre la Asamblea Nacional Constituyente, estableciéndose qué, dicha instancia pudo haber representado una oportunidad para, sino atender, al menos visibilizar las penurias que diariamente afectan a los venezolanos. Tampoco, hasta los momentos, se conoce el borrador del proyecto de Constitución que debió preparar la ANC durante sus más de tres años de funcionamiento. En realidad, se ha instrumentalizado dicha instancia para confrontar discursivamente a las fuerzas opositoras; con especial énfasis en los diputados electos en diciembre de 2015. Convertido en un grupo de choque político, la ANC ha sido una palestra en donde enérgicos discursos se han pronunciado en contra de la oposición y de sus aliados internacionales, pero en donde fue escaso el debate en torno a la discusión de un proyecto de Constitución.

En vísperas al cese de las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el ejecutivo nacional presentó ante esa instancia la llamada Ley Antibloqueo. Polémica ley, incluso para los dirigentes que históricamente han apoyado al oficialismo, algunas de las críticas sostenidas es que, atenta contra la Constitución nacional, concentra prerrogativas en el ejecutivo, le confiere opacidad a los acuerdos comerciales entre el ejecutivo y algunos privados y, para los que defienden el “socialismo”, se alinea con una posible privatización de los medios de producción, en este sentido, viabiliza contratos confidenciales con privados en la industria estratégica nacional: como el gas o el petróleo.

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La Ley Antibloqueo pretende concentrar más poderes en el ejecutivo nacional

Los diversos cuestionamientos a la Ley Antibloqueo no fueron un obstáculo para su aprobación, ratificada sin demora por la ANC representó una movida importante del oficialismo de cara a las próximas elecciones parlamentarias y al año 2021. La estrategia oficial busca concentrar más prerrogativas en el ejecutivo. En un contexto en donde hay una marcada desinstitucionalización y una crisis política y social profunda, el régimen requiere ejecutar acciones rápidas constantemente es por ello que amplía los poderes del ejecutivo. Tal pretensión no es nueva, en las últimas dos décadas se ha visto un incremento sistemático de las prerrogativas ejecutivas dentro del sistema político venezolano, esto le ha permitido al régimen actuar con celeridad y evitar controles institucionales.

Restarle competencias a la Asamblea Nacional que será electa el 6 de diciembre

Paralelamente, el oficialismo, busca prescindir de la nueva Asamblea Nacional para tomar decisiones evitando cualquier freno o control desde el legislativo. Siendo el principal objetivo de una política de presión internacional tan agresiva que, congela activos de la república en el exterior, obstaculiza la comercialización de petróleo venezolano e investiga acuciosamente a sus integrantes, el oficialismo entiende que no tiene tiempo de esperar por largas discusiones legislativas centradas en sí se aprueba o no tal contrato con algún ente privado.

A lo expuesto anteriormente hay que añadirle que, luego del 6 de diciembre, cuando los aliados internacionales de las fuerzas opositoras no legitimen los resultados electorales, probablemente se intensifique la presión internacional y por ende las sanciones. Por ello, el oficialismo se prepara para gobernar después de las elecciones parlamentarias como bien lo viene haciendo en los últimos veinte años, por decretos. La Ley Antibloqueo al darle prerrogativas especiales al ejecutivo y revestir de confidencialidad los contratos suscritos por los privados, evita el control del parlamento, consecuentemente, le arrebata al poder legislativo  una de sus funciones más convenientes para preservar la institucionalidad que es la capacidad de controlar y ser contrapeso del poder ejecutivo. 

Sobre la aplicabilidad o funcionamiento de la Ley Antibloqueo, por ahora, poco se puede inferir ya que es una estrategia muy nueva y hace falta tener más elementos para su evaluación. Lo que con más seguridad puede afirmarse es que el oficialismo desde ya se prepara para la ampliación de las sanciones internacionales, derivadas del rechazo que va a tener la elección del 6 de diciembre por parte de la comunidad internacional. Posterior a diciembre se moverá el tablero político nacional e internacional, desde hoy el oficialismo mueve sus fichas ante una oposición ocupada organizando una consulta para legitimarse ante sus aliados internacionales y una comunidad internacional distraída en sus propios problemas.

Por: Ricardo Martínez

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