Justicia peruana ordena prisión preventiva contra exsecretario y dos sobrinos del presidente Castillo

El Poder Judicial de Perú dictó este martes 36 meses de prisión preventiva contra el exsecretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y contra dos sobrinos del presidente Pedro Castillo, investigados por presuntos actos de corrupción.

La medida preventiva la dictó el magistrado Manuel Chuyo, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, tras el pedido de la fiscal Karla Zecenarro, quien investiga el caso de una aparente red criminal que dirigía obras al interior del Ministerio de Transportes.

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Mientras que a Pacheco se le imputan los delitos de presunto tráfico de influencias y organización criminal; a los sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, los señalan de presuntos autores de los delitos de organización criminal y colusión agravada.

Los tres mencionados, en este momento prófugos de la justicia, son investigados por presuntos hechos irregulares en la licitación para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la región de San Martín (centro-norte).

Así actuó la justicia peruana

Según indicó Chuyo, la prisión preventiva la cumplirán a partir del momento de que se lleve a cabo la detención, tras lo cual dispuso que ordenaran la búsqueda y captura de los acusados para su internamiento en un penal. La medida «vencerá tras concluido el mencionado plazo».

La detención preliminar incluye también a los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera; al exdirector de Provías Descentralizado (del Ministerio de Transporte), Víctor Valdivia; y al también funcionario de esa entidad, Edgar Vargas Mas, cuyos abogados adelantaron que apelarán la medida.

El despacho de la fiscal Zecenarro llevó a cabo el pasado 28 de marzo un megaoperativo que incluyó allanamiento, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, registro domiciliario y personal, contra 11 investigados por los presuntos hechos irregulares en el Ministerio de Transporte.

Durante esa jornada, detuvieron a Villaverde, Valdivia y Pasapera, pero las autoridades no dieron con el paradero de los otros implicados.

Según explicó anteriormente la Fiscalía, en el curso de las investigaciones se ha «identificado una serie de irregularidades» en la licitación para la construcción del puente Tarata, en las que estarían involucrados los miembros del comité de selección y los representantes del consorcio Puente Tarata III.

El juez Chuyo aseguró este martes que existen elementos para creer que se trata de «un conjunto de actuaciones que, agrupadas, son conductas que denotan un acuerdo de beneficiar al consorcio», lo que permite «inferir que los investigados son sospechosos y existe alta probabilidad de que puedan ser condenados».

Más detalles

También estaría involucrada la investigada Karelim López, una lobbista que en febrero pasado solicitó acogerse a la figura de colaboradora de la justicia, y quien en sus declaraciones a la Fiscalía comprometió al Ejecutivo del presidente Castillo con una presunta organización criminal.

López señaló en ese momento a Castillo de liderar una supuesta «mafia», que implicaría al Ministerio de Transporte, con el fin de recaudar dinero de manera irregular para que el mandatario pueda pagar la deuda que contrajo con empresarios durante su campaña electoral el año pasado.

Por su parte, el jefe de Estado negó tales acusaciones y dijo que López habría recibido «millones de soles» de parte de «grupos de poder» para que lo señalara, pero que estaría dispuesto a una investigación «objetiva» de parte del Ministerio Público para aclarar los «rumores» en su contra.