¿Qué es la sentencia 0324 y cómo afecta a las universidades?

Las universidades autónomas venezolanas enfrentan un escenario inédito: todas sus autoridades podrían quedar vacantes debido a la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro.

Esto se registraría en caso de que no acudan a elecciones este jueves 27 de febrero. Además de ello existen otras consecuencias que enfrentarían, según un análisis hecho este miércoles por Juan Domingo Alfonzo, profesor de Derecho Admistrativo en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

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¿A quién afecta la sentencia 0324?

A la sociedad y a todas las universidades autónomas y experimentales. «Si esas sentencias se verifican, la esencia de la universidad va a cambiar. ¿Y eso por qué? Desde el año 1958, con el Decreto de Sanabria, pasando por la Ley de Universidades en el año 70 y la constitución de 1999, la universidad se ha definido como una comunidad que busca la verdad, el saber y el conocimiento y eso se transmite en principio, muy sencillamente, entre profesores y estudiantes».

Sin embargo, ahora el régimen pretende cambiar estas características con la incorporación de obreros y empleados universitarios a la comunidad universitaria. Y no se trata exclusivamente de que formen parte de ella, sino que tendrán la facultad de votar en estos procesos electorales.

«Se rompe la esencia de lo que es la universidad, establecida en el artículo 109 de la constitución y en la Ley de las Universidades. Eso lo pretende cambiar la sentencia emitida el 27 de agosto del 2019», dijo Alfonzo.

Placa de la UCV en la Puerta Tamanaco. Foto: Julio Sorondo. Todos Ahora

¿Qué exigen para la votación?

La sentencia 0324 establece que tendrán derecho a un voto los siguientes miembros:

  • Profesores ordinarios y contratados, independientemente de su escalafón.
  • Estudiantes de pre y postgrado activos que se hayan inscrito al menos seis meses antes de la convocatoria electoral.
  • Egresados de nivel de pregrado que ejerzan en el lugar donde la universidad tenga sede, núcleo o afines.
  • Integrantes del personal administrativo (activo o jubilado) Integrantes del personal obrero (activo o jubilado).

¿Qué está mal con esta sentencia?

El especialista explicó que ocurren varias irregularidades con el fallo. Entre ellas la violación del derecho político y académico y la autonomía de las universidades.

«Cambian la esencia de la universidad, quiénes pueden votar para elegir a las autoridades: rectores, vicerectores y decanos, insertando a los obreros y empleados universitarios. Ese cambio fue rechazado en la reforma constitucional improbada del 2007, cuando se intentó modificar el artículo 109 de la consitución, el cual establece que la comunidad universitaria está conformada por profesores, estudiantes y egresados», reiteró.

Asimismo, explicó que «es una falacia pretender identificar o equiparar el derecho político del artículo 71 de la constitución al derecho académico de elegir a las autoridades universitarias».

A su juicio, «el problema es muy grave porque afecta a la sociedad al alterar la esencia de la universidad. Va a quitar su carácter meritocrático, la conformación del claustro universitario de profesores que han tenido trabajos de ascenso, de carrera, formación universitaria o especializada».

«Se pretende equiparar el voto de los obreros y empleados universitarios al de los profesores y estudiantes. Se politiza todo el concepto de universidad y se cambia todo ese derecho académico a un derecho totalmente político que no es el que está establecido», agregó.

Sanciones para las universidades

Si no acatan el proceso electoral convocado, los cargos de las autoridades quedarán vacantes, según la sentencia 0234. Luego de esto, Alfonzo asegura que pasará lo que la Sala Constitucional decida «y no con una ley sino con un procedimiento distinto, arbitrario e ilegal que es mediante una sentencia».

Con estas imposiciones, Alfonzo insiste en que se están vulnerando principios democráticos y de autonomía de poder.

«La Sala Constitucional con la creación de sanciones y procedimientos legislativos está violando todos los poderes de la Asamblea Nacional», sentenció.

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