Plan Catia 2020, otra estrategia inconstitucional del régimen

Todos Ahora contactó a la ciudadanía y expertos de la sociedad civil para conocer los riesgos e impacto del Plan Catia 2020. Esta modalidad del régimen busca regular la movilidad en la parroquia Sucre del municipio Libertador de Caracas.

Ana Dávila, habitante del sector Altavista de Catia, recibió la noticia de que a partir del 13 de abril le entregarán un instrumento llamado «Pase de Movilidad». Este salvoconducto lo recibirá por parte de su consejo comunal; siendo este más que propiamente un pase, una rotulación numérica hecha bajo un principio de zonificación que resitringe el paso de un lugar a otro, salvo el día en específico que se establezca.

«No nos pueden tener cerrados y mucho menos amenazarnos con cárcel si salir. Nosotros tenemos necesidades que cubrir”, dijo en la entrevista la habitante de esta zona del oeste de Caracas.

Permisos a manos de colectivos

Ante esta decisión, el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo que esta situación generará mayor desorden. Aseguró que el “Pase de Movilidad” estará en manos de colectivos y organismos paraestatales. Estos podrían encargarse en su momento de implantar el tráfico ilícito de los mismos.

El líder vecinal también recordó lo siguiente: “La gente se ve obligada a salir porque no tiene qué comer en sus casas”.

Señaló que la medida es excluyente y pone en mucho más riesgo a quienes no poseen el carnet de la patria. ¿El motivo? los consejos comunales solo están asignando estos «pases» a quienes porten este instrumento de control social, dejando la posibilidad de que quien no lo posea sea víctima de detención arbitraria o simplemente esté destinado al confinamiento en su hogar sin la posibilidad de salir a abastecerse.

Carlos Julio Rojas
Carlos Julio Rojas. Foto: El Carabobeño

Más lecturas del Plan Catia 2020

Cecilia Sosa, abogada y coordinadora académica del Bloque Constitucional, explicó que el Estado de Excepción de Alarma ratificado este 12 de abril por el régimen de Nicolás Maduro en el decreto Nº 4.186 solo y únicamente habilita al Ejecutivo Nacional para que este adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana. La idea es mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas.

Para la jurista «no existe potestad para imponer normas que restrinjan el ejercicio de los derechos humanos aun cuando sean para proteger y preservar la salud de la población. La constitución es clara a este respecto. Por tanto ni alcalde, ni gobernador y menos organizaciones como los CLAP, las cuales están integradas y en manos de ciudadanos, podrán asumir competencias enmarcadas en este decreto».

Sosa indicó que «si revisamos su objeto (El de los CLAP y consejos comunales) estos solo deberían concentrarse en la distribución de alimentos y asuntos que nada tienen que ver con el tema del decreto».

En su opinión «‘ciertamente estas organizaciones pueden coadyuvar con la ejecución del decreto, pero en ningún caso establecer por sí mismo esta lista de órdenes a la ciudadanía. Es completamente inconstitucional».

Cecilia Sosa habla sobre el Plan Catia 2020

Quien también fue presidenta de la extinta Corte Suprema de Jusficia, planteó que «todo se concreta en el decreto y en su aplicación. Ciertamente que pudiera recibir delegación a ministros, gobernadores o alcaldes para dar cumplimiento o coadyuvar a las acciones que se dicten con fundamento en el referido decreto. Pero en ningún caso, dictar por su sola voluntad estas pautas que aparecen como Plan Catia 2020. Menos asumir capacidad para imponer sanciones».

Desde el Parlamento también hay desacuerdos

En estos análisis también aparece el de la diputada a la Asamblea Nacional, Fátima Soares. La parlamentaria expresó su rechazo a través de Twitter, calificando la medida como “control social” por parte del régimen. 

En este tema también aparece lo dicho por la alta comisionada de la ONU por los DDHH, Michelle Bachelet, el jueves 9 de abril. En un informe sobre la situación del coronavirus dijo: “Hay gobiernos que se aprovechan de la epidemia para hacer cambios represivos”.

Este plan generaría precedentes para en un futuro con alguna razón distinta a la pandemia, implantar mecanismos similares, aumentando de este modo la restricción a los derechos fundamentales y garantías inalienables.

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