Organizaciones de la sociedad civil exigieron eliminar el registro de ONG

Más de 600 organizaciones de la sociedad civil se prenunciaron para manifestar su rotundo rechazo a la nueva Providencia Administrativa Nro. 001-2021, para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que se publicó en Gaceta Oficial Nro. 42.098 del 30 de marzo de 2021.

Referencial / Cortesía
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En el comunicado emitido expresaron que su desacuerdo es por “constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebramiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”.

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Asimismo, destacaron que esta providencia obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera antes del 1 de mayo de 2021, dando especial preferencia a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (Osfl), para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asambleas.

Además, presentar a miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial.

Providencia coloca en riesgo a organizaciones de la sociedad civil

Cabe destacar, que la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro aprobó el proyecto de ley de Cooperación Internacional, el pasado viernes 16 de abril. El cual, tiene como finalidad controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“La providencia coloca en grave amenaza a todas las personas que se encuentran bajo el deber de amparo. Esto, provisto por las organizaciones de la sociedad civil y el cual sería vulnerado con la aplicación de esta medida”.

Ante esto, las organizaciones exigieron rotundamente la derogación inmediata de la providencia. Así como el cese, por completo, de las políticas de criminalización y persecución que cercenen el derecho de la sociedad civil a contribuir en las soluciones de los complejos y profundos problemas del país. Lo cual, demanda la apertura y el fortalecimiento del espacio cívico.

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