Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) comenzará a generar una alternativa para prevenir y cesar la continua y sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen.
Así lo dio a conocer Ronald Almeida, responsable regional de Derechos Humanos de ACEP Carabobo. Se pronunció sobre las múltiples denuncias, advirtiendo además que “la materia penal y desviación policial se han convertido en una especie de pandemia. Además de suprimir los derechos y garantías de los ciudadanos”.
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¿Qué dicen los voceros de esta ORG?
El vocero de ACEP, precisó que en Venezuela se registra la práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, allanamientos sin orden judicial y las llamadas “siembras de evidencias”.
Esto convierte a cualquier ciudadano inocente en víctima de extorsión sino paga por su libertad. O en su defecto, es imputado con un caso forjado por autoridades policiales sin actuación previa del Ministerio Público ni el control judicial que impone la Carta Magna.

“El tema es complejo, porque además de los casos emblemáticos de presos políticos, el ciudadano común está indefenso ante un Estado fallido que convierte en mecanismo sistemático el uso del aparato represivo y del sistema de justicia penal. Esto para que todos los ciudadanos seamos presuntamente culpables si así lo decide un funcionario policial”.
«Imputaciones automáticas«
Por otro lado, Almeida indicó que el Ministerio Público se ha convertido en un mera caja de resonancia de la actuación policial por las “imputaciones automáticas”.
Sólo transcriben actas policiales, atentando contra los principios de imparcialidad, de actor de buena fe y de garantes de la constitucionalidad que debe cumplir todo funcionario que ejerce la acción penal en nombre del Estado venezolano.
A las actas policiales se les atribuye la condición de documento con fuerza de fe pública. Esto en cuestión que muchas veces se coloca por encima de derechos y garantías superiores de los ciudadanos; convirtiendo un acta policial en un arma para la extorsión de ciudadanos inocentes.
Almeida llamó a construir una red de defensores de derechos humanos en materia penal para denunciar las continuas violaciones para que castiguen a los responsables.
Asimismo, dispuso su correo electrónico proderechosvzla@gmail.com para quienes estén interesados en formar parte de la Red de Defensores especializados en materia penal.
También disponible para profesionales del derecho que deseen integrar este movimiento. El fin es corregir los excesos que, en nombre del derecho penal, realizan funcionarios sin ética profesional.