Nuevas inhabilitaciones a políticos opositores en Venezuela

La Contraloría General de la República hizo pública a través de su página web la inhabilitación para el ejercicio de funciones publicas a 5 dirigentes opositores.

La decisión  con fecha 16 de abril de 2024 especifica la inhabilitación por un periodo de 15 años a los dirigentes opositores Carlos Ocariz, Elias Sayegh, Tomás Guanipa y Josy Fernández y por un periodo de 12 meses a Juan Carlos Caldera, pero no explica las razones por las cuales se impone esta inhabilitación administrativa.

Nuevas inhabilitaciones a politicos opositores en Venezuela

Pero a los venezolanos ¿Cómo nos afecta?

El Centro de Justicia y Paz no explica como inhabilitaciones políticas obstaculizan el camino hacia unas elecciones auténticas y democráticas. Para ayudarte a resumir la información de CEPAZ te dejamos el párrafo que explica la vulneración de derechos que representa las inhabilitaciones en Venezuela.

Un acto administrativo no puede suprimir el derecho a ser electo para cargos de elección popular

La normativa venezolana contempla las inhabilitaciones políticas a los cargos de elección popular como una pena accesoria, es decir, que la misma es consecuencia de una principal que debe derivarse de una sentencia firme, dictada por un tribunal.

Lo anterior se traduce en la imposibilidad de que un órgano como la Contraloría General de la República pueda con una decisión administrativa inhabilitar a un ciudadano de ejercer el derecho a ser elegido a cargos de representación popular, ya que no tiene la competencia para tomar este tipo de decisiones, pues como lo hemos mencionado, estas decisiones recaen sobre un tribunal.

Aún más, el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano, así como también lo son las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa en un proceso judicial, incluyendo aquel que deriva a una inhabilitación política. Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce las limitaciones a los derechos políticos que se encuentren fundadas en una condena dictada por un juez competente que imponga al condenado la pena accesoria de inhabilitación política. Esto reafirma la imposibilidad de que un órgano distinto a un tribunal con autonomía, independencia y con competencia pueda inhabilitar políticamente a un ciudadano.

En definitiva, las inhabilitaciones políticas no solo representan un patrón sistemático de persecución política, sino que además se llevan a cabo bajo procedimientos que vulneran la Constitución Nacional y las convenciones y pactos internacionales en materia de derechos humanos.

 

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