Gobernación del Táchira hizo entrega de donativos a personas con discapacidad motora

La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez hizo una nueva entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas a personas con discapacidad de escasos recursos. De esta forma reiteró que gracias al programa de asistencia humanitaria se continúa garantizando apoyo social a la familia tachirense en medio de la más profunda crisis económica que atraviesa el país.

La primera autoridad regional destacó que la gestión social en el Táchira no se detiene, «pues se hacen los mayores esfuerzos para llevar bienestar a la población más vulnerable».

Laidy Gomez
Imagen cortesía. Laidy Gómez

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«Seguimos asumiendo el reto y el compromiso para asegurar asistencia social a la familia tachirense. La atención social ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para mi gobierno», destacó Gómez.

Resaltó que a través del apoyo de organismos internacionales y alianzas estratégicas desarrolladas por el Gabinete Social de la gobernación tachirense, se han realizado jornadas sociales y de vacunación. Además de entrega de medicinas, donativos y charlas de orientación y prevención de la COVID-19 en diferentes municipios de la entidad regional.

No hay voluntad política

Asimismo, luego de la entrega de donativos, la mandataria regional se pronunció con relación al caos del sistema eléctrico en el Táchira. Al respecto destacó que este se ha incrementado desde hace algunos años. Razón por la que consideró que afirmar que esta problemática data desde hace pocas semanas, por los inconvenientes generados en La Vueltosa, es totalmente irresponsable.

«De manera diaria y permanente le roban, hurtan y cortan el fluido eléctrico a diferentes sectores de la sociedad tachirense. Todos sabemos que las fallas y deficiencias se vienen acumulando desde hace más de doce años. Han sido notorios los actos de corrupción. Se comieron y despilfarraron los recursos que en su momento fueron aprobados para mejorar el sistema eléctrico. Los responsables se encuentran fuera del país», expresó.

En este sentido, señaló que aun cuando el tema eléctrico no es competencia directa del gobierno regional, la gobernación del Táchira elevó propuestas al Grupo de Boston para que se evalúen y revisen las inversiones del proyecto hidroeléctrico que cofinanciará la Corporación Andina de Fomento (CAF). Esto para paliar la situación del sistema eléctrico en Venezuela, en especial, en el Táchira.

«No me parece responsable decir que el problema eléctrico en Táchira se debe a una situación que se generó la semana pasada en La Vueltosa. Hemos presentado propuestas al Grupo de Boston donde se discute un proyecto que pudiera generar más de 50 megavatios al Táchira. Esto a pesar de que no tenemos coordinación con los entes que tienen competencia en el tema», dijo.

Gómez aclaró que lamentablemente no se ha podido avanzar en la propuesta por las condiciones y controversias políticas de la administración de Maduro.

«Es necesario que se establezca un acuerdo para generar inversiones que permitan mejorar el sistema eléctrico venezolano a fin de garantizarle a la población servicios más eficientes y mejor calidad de vida”, apuntó.

Oferta electoral sin cumplir

Por otra parte, Gómez destacó que no hay un gesto de voluntad política ni solidario por parte del Gobierno venezolano para permitir el paso por la frontera colombo-venezolana.

«Lo vienen prometiendo desde el mes de diciembre como parte de una oferta electoral. pasaron las elecciones y hasta la fecha no han honrado ese compromiso», precisó.

Señaló que no se pueden emitir declaraciones emocionales con insultos al mandatario colombiano porque eso genera debilidad a las relaciones diplomáticas.

Ante la posibilidad planteada por el presidente de Colombia de abrir la frontera, la mandataria regional expresó, que más allá de las diferencias políticas, «el régimen de Nicolás Maduro debe mostrar más interés y disposición para que esto sea una realidad», sentenció Gómez.

Argumentó que su gobierno mantiene conversaciones directas con autoridades colombianas. Esto a los fines de evaluar las pérdidas materiales, económicas, aduaneras y fiscales que se han generado por el cierre de la frontera. Además de intercambiar estadísticas epidemiológicas sobre la COVID-19 y establecer articulaciones sobre los canales humanitarios.

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