Solicitan renovación de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela

La activista de la ONG Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, dijo que es necesario la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Foto: Cortesía
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Además, Taraciuk agregó que la Misión de Determinación de los Hechos sigue siendo el único mecanismo independiente de monitoreo de Naciones Unidas sobre Venezuela, con un mandato para investigar abusos y violaciones sistemáticas de DD.HH.


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Las organizaciones de sociedad civil signatarias consideran imprescindible renovar plenamente el mandato de la misión.

Esto dada la impunidad que aún prevalece en Venezuela y los abusos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que persisten y requieren del máximo escrutinio internacional.

Recordemos que, en 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (DCH), aprobó que se establecería esta misión para investigar los siguientes hechos en el país:

  • Ejecuciones extrajudiciales
  • Desapariciones Forzadas
  • Detenciones Arbitrarias
  • Torturas
  • Tratos crueles e inhumanos

Según la información en el portal web de HRW, las investigaciones de esta misión registrarían los actos cometidos en 2014 por el régimen de Maduro.

Además, aseguraría “la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Por otra parte, en 2020 la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó su primer informe, en donde se estableció que había motivos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Dichos crímenes como: “asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada […] y otros actos inhumanos de carácter similar”.

Según HRW, la misión concluía su informe diciendo que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y que “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.

En un segundo informe, presentado en septiembre de 2021, se documentó “la falta de independencia judicial, impunidad por las violaciones de derechos humanos y un sistema de justicia que sirve como mecanismo de represión en vez de garante de derechos”.

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