Sin Mordaza rechazó ataques a la propiedad privada y al derecho a la alimentación

La Organización No Gubernamental (ONG), promotora de los Derechos Humanos, Un Mundo Sin Mordaza, rechazó las acciones del régimen de Nicolás Maduro, en donde consideran se ataca a la propiedad privada y al derecho a la alimentación de los ciudadanos venezolanos.

A través de un comunicado difundido a través de sus redes sociales la ONG expresó: «Un Mundo #SinMordaza, en su labor de promover y proteger los #DerechosHumanos, rechaza las medidas e imposiciones arbitrarias llevadas a cabo contra COPOSA, Empresas Polar y Plumrose, catalogando estas como un mecanismo de control por parte del Estado».

Ahora es noticia: Estos serían los precios «acordados» entre el régimen y el comercio

Comunicado Sin Mordaza

«El pasado 24 de abril, el régimen instaurado en #Venezuela, a través de su vocera Delcy Rodríguez, ordenó la ocupación temporal del Consorcio de Oleaginosas Portuguesa S.A. (Coposa) por 180 días. Además de nuevas medidas de control de ventas y fijación de precios a Empresas Polar y Plumrose. Esto como supuesto mecanismo para la lucha contra la especulación de país en medio de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19″.

«Inmediatamente el presidente de empresas Polar, Lorenzo Mendoza se pronunció contra la medida. Estableciendo que la misma se realizó de forma arbitraria. Sin el establecimiento de un acto administrativo correspondiente, tal y como lo establece la Ley de Precios Justos».

Sin Mordaza condenó que la cúpula roja utilize la pandemia como una excusa para socavar los derechos en Venezuela.

«Utilizan la pandemia de la COVID-19, como excusa para afectar aún más los derechos de los ciudadanos. Viéndose afectados en este caso el #DerechoALaAlimentación del artículo 11.2 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así como los derechos constitucionales a la propiedad en su artículo 99. El derecho a la libre industria y comercio del artículo 112. Así como las premisas estipuladas para llevar a cabo los procesos de confiscación. Por lo que se irrespetan también las garantías previstas para los afectados en las leyes correspondientes»

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