ONU denunció explotación y abusos en DDHH en el Arco Minero venezolano

El informe presentado este miércoles 15 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reflejó que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, están sometidos a graves abusos y violencias que han causado la muerte de al menos 149 personas, desde 2016.

Los mineros de la zona “están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia”, por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, llamados como “sindicatos”. Así se dio a conocer, en la investigación expuesta por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

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“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, destacó Bachelet.

El informe indicó que esos llamados “sindicatos”, han aplicado castigos crueles a quienes infringen las reglas que les imponen. Obteniendo beneficios económicos de todas las actividades que se practican en las zonas mineras.

Control y calidad de vida en el Arco Minero

Asimismo, se resaltó que mantienen sus actividades ilegales, así como el control total de la zona. Lugares en donde deciden, quién puede entrar o salir. Todo a través de un sistema de soborno, que incluye pagos a comandantes militares. Indicó el documento.

Además, se reflejó como pésimas las condiciones de vida para muchos de los mineros, en su mayoría que provienen de otras regiones venezolanas. Quienes se han visto empujados a migrar por la crisis económica del país.

Laboran descendiendo a los pozos sin protección alguna, hasta por 12 hora diarias. Están obligados a pagar a grupos criminales entre el 10 y el 20% de lo que obtienen.

Estos trabajadores mineros, viven en la zona sin agua corriente, electricidad o servicio sanitario alguno. En estos lugares, se han registrado un aumento en casos de malaria no solo entre migrantes, sino en comunidades indígenas aledañas.

En el informe, también se destacó la existencia de niños que trabajan en las minas. Algunos, menores de 10 años de edad. Además, que desde 2016 ha existido en la zona un incremento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes.

Intervenciones de diversos países.

Tras la presentación del informe de la alta comisionada, donde destacó el tema del Arco Minero del Orinoco, algunos países miembros del Consejo de DDHH, tomaron su derecho de palabra para abocarse también a la situación del sistema de justicia venezolano.

La representación de Uruguay, rechazó la forma en la que se aprobó el Consejo Nacional Electoral sin participación de la Asamblea Nacional, lo que a su juicio, imposibilita el desarrollo de un proceso electoral legítimo. “Estos son elementos que demuestran que en Venezuela no rige un estado de derecho”.

Por su parte, Brasil indicó que el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, traicionó la confianza de la alta comisionada y que su propósito es usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.

Asimismo, las representaciones de Perú y España manifestaron su rechazo a las posiciones del TSJ del régimen de Maduro y resaltaron la falta de independencia del poder judicial.

En cuanto al pronunciamiento sobre la situación migratoria de venezolanos, también hubo importantes consideraciones y aspectos que se dieron a conocer.

La representación de Colombia, expresó que 1.8 millones de personas han encontrado en su país un refugio recibiendo salud, alimentación y bienes básicos. A pesar de la situación económica que ha provocado la COVID-19, no se ha claudicado la atención a los migrantes y han apoyado más de 80.000 venezolanos que han decidido de forma voluntaria regresar a su país.

Indicó que, para Colombia es una prioridad que la crisis económica social y humanitaria en Venezuela se resuelva de una forma pacífica. Esto, con un regreso sin condiciones a la democracia, partiendo por elecciones presidenciales libres.

Hizo un llamado, para que las autoridades venezolanas faciliten el acceso a las agencias humanitarias. Esto, para que se implementen las recomendaciones formuladas por la alta comisionada.

Asimismo, la representación de Perú expresó su preocupación por los DDHH de los venezolanos. Así como por los migrantes, que se vieron forzados a sumarse a una diáspora de más de cinco millones, en menos de tres años. Apostó por una salida a la crisis de forma pacífica y por los propios venezolanos.

Intervenciones sobre Venezuela

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