Denuncia de la Carta de la OEA en tres preguntas

Autor: CEPAZ – www.cepaz.org.ve

El 27 de abril de 2017 la Cancillería venezolana formalizó el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por consiguiente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al hacer el envío formal a la Secretaría General del organismo de una notificación de denuncia de la Carta de la OEA. Esta acción por parte del gobierno nacional se produjo tras la aprobación por parte de la Asamblea General de la OEA de una resolución que abrió la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo por haberse producido la “alteración del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.

La denuncia del gobierno venezolano de la Carta de la OEA, como instrumento internacional que contiene normas orgánicas y sustantivas sobre derechos humanos, corresponde a una alteración de los principios rectores de las relaciones internacionales del Estado venezolano y de la progresividad de los derechos humanos. Al constituirse como una violación de la jerarquía y supremacía constitucional de los tratados sobre esta materia. Venezuela no puede retirarse de la OEA. Dicha denuncia se consagra como un acto ineficaz e inválido, pues ello violaría lo dispuesto en la Constitución de la República, así como en el Derecho Internacional en lo referente a los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, cuya regulación debe orientarse hacia su mayor protección, pero nunca a reducir esa protección, como sucedería ante la denuncia de la Carta de la OEA.

En función de ello, el 14 de febrero de 2019, en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, presentamos nuestras adhesiones tanto al documento discutido en la reunión con el Pleno de Comisión, celebrado el pasado 4 de diciembre de 2018 durante el periodo de audiencias, donde se establecieron los argumentos de invalidez inconstitucional sobre el retiro de Venezuela de la OEA, como al recurso interpuesto en el máximo órgano judicial del país, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2017 y a los Acuerdos de ratificación de la adhesión de la República Bolivariana de Venezuela a la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobados por la Asamblea Nacional en las fechas del 2 de mayo de 2017 y 22 de enero de 2019, declarando absolutamente inconstitucional y nula la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) suscrita por el gobierno nacional. Lo que buscamos estas 50 organizaciones de derechos humanos al suscribir estos documentos es que la Comisión Interamericana realice una evaluación de los mismos y de las propuestas planteadas, tomando en cuenta las implicaciones que conllevaría el retiro de Venezuela de esta instancia internacional dado al continuado agravamiento del quiebre de la institucionalidad democrática y los retrocesos en materia de derechos humanos evidenciado en el país.

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Fuente: Boletín No. 73