En un estudio realizado por el proyecto Lupa por la Vida, indicó que el estado con mayor caso de ejecuciones extrajudaciales por los cuerpos de seguridad público es Carabobo. La cifra se establece en 59 casos en el período de julio a septiembre de este año.
El organismo más identificado en las investigaciones fue el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
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356 víctimas
«En este sentido, durante este lapso se registraron 16 muertes más en comparación con el lapso de abril a junio, cuando se monitorearon 356», detalló la organización.
Carabobo es el estado con más casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos luego le sigue Aragua, Zulia, Anzoátegui y Bolívar, además detectaron que estos hechos ocurrían mayormente los días jueves de la semana.
«La realidad es que estos nuevos datos confirman algunas constantes, uno de ellos es que la violencia institucional policial y militar en Venezuela. Que sigue arrojando como saldo el asesinato de miles de personas hasta la fecha. La mayoría de las víctimas son jóvenes de zonas pobres», enfatizó el informe.
Violencia en Carabobo: Primer semestre las muertes a manos de policías se duplicaron
El Observatorio de Violencia de Venezuela (OVV) mostró en un informó de la situación en Carabobo el primer semestre del año e indicaron que los índices de violencia policial aumentó el doble sobre los homicidios. Al cerrar junio, los datos contabilizaron 128 muertes violentas. De esta cantidad 89 fueron por intervención policial y en las que el móvil fue la resistencia a la autoridad.
«Según la versión de los cuerpos de seguridad, eran presuntos delincuentes que resultaron muertos en enfrentamientos con efectivos policiales durante labores de patrullaje u operativos. Las otras 39 muertes corresponden a homicidios, distribuidos de la siguiente manera: 27 asesinatos, 10 femicidios, un infanticidio y un linchamiento. Por otro lado, también hubo un suicidio en este período», detalló OVV.
Para la coordinadora del OVV Carabobo, Giannina Fusco, es preocupante el elevado número de muertes violentas, así como los casos de robos, violencia doméstica, abuso sexual que acontecieron en la región entre los meses de enero a junio.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad personal de los ciudadanos. Por eso la importancia de documentar y visibilizar los hechos de violencia que ocurren en la entidad. A manera de exigir la aplicación de políticas y medidas para la prevención y control de la criminalidad en el marco de normativa legal nacional y tratados internacionales suscritos”, puntualizó.
