Los responsables de la educación en el estado Táchira a una sola voz se congregaron el pasado martes 03 de marzo en la defensoría del pueblo en San Cristóbal. Exigieron sus reivindicaciones laborales irrespetadas en los acuerdos establecidos a nivel nacional y denunciaron las pésimas condiciones de la infraestructura educativa, así como las carencias alarmantes en la nutrición de niños y adolescentes venezolanos ante las deficiencias de los programas públicos de alimentación.
El coordinador de la Coalición sindical del magisterio tachirense, Sr. Evencio Zenón solicitó a la defensoría la mediación ante el patrono representado por la administración pública nacional (ocupada por un régimen de facto), reiterando las pésimas condiciones económicas del gremio responsable de educar en la formación de nuevas generaciones. Las condiciones laborales pactadas en 2018 solo se cumplieron los primeros meses. Desde octubre de ese año se violaron los acuerdos de forma unilateral perjudicando a 400.000 docentes en todo el país.
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Táchira en multitud
Con gran cantidad de asistentes la concentración logró movilizar a ciudadanos y movimientos organizados de la sociedad civil, en un espíritu unido para la exigencia de sus derechos y la búsqueda de cambios. Gladys Chacón, presidenta del colegio de licenciados en educación del estado Táchira, solicito una indexación de las deudas con los educadores, argumentando que es necesario ajustar los montos al valor real, devaluados por un proceso inflacionario que ha empobrecido al país desde hace años.
Consideró la inutilidad del petro como indicador salarial y manifestó su gran preocupación por la alimentación de los jóvenes estudiantes, quienes no reciben la proteína necesaria para su crecimiento y aprendizaje.
El movimiento Vinotinto, avocado en la defensa de los derechos humanos acompañó la actividad del gremio, su representante en la entidad, la abogado Evelyn Capitelli informó sobre las persecuciones que existen a los maestros.
La organización posee una data de 5.900 despidos injustificados y suspensión de salarios a 80.000 docentes y 230.000 trabajadores. Hizo un llamado a toda la sociedad a defender sus derechos humanos e involucrarse en las actividades afines.
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Se hizo un exhorto desde el documento petitorio al defensor del pueblo de la república para su intercesión en la resolución del conflicto de las partes involucradas, al haber ya introducido 11 documentos por una gravísima situación salarial que actualmente solo cubre el 2% de la canasta básica alimentaria estimada a un monto cercano de 300 dólares según estudios del CENDAS.
Se hizo un llamado a los alfareros de la sociedad a no esconderse en la defensa de sus derechos sintiendo la fuerza de la ley que les asienta en sus reclamos.
