OVP: Una reclusa y su hijo recién nacido son víctimas de represalias y amedrentamiento

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la situación que vive una reclusa llamada Joselín. Ella se encuentra en una celda del Centro de Coordinación de Cantaura de la Policía de Anzoátegui.

Joselín

En una nota de prensa, el organismo explicó que la mujer tuvo un hijo hace 27 días.

«Joselín tiene 34 años de edad, y fue condenada a 13 años y 4 meses de prisión. Actualmente lleva  10 años tras las rejas y, según la legislación venezolana, es candidata a recibir una medida alternativa a la privación de libertad», dijeron.

Añadieron que la mujer cumplió su condena en calabozos policiales, aunque su permanencia allí no debió superar las 48 horas después de su detención.

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«Este sería uno de los pocos casos en el territorio nacional, quizás el único, en el que una mujer permanece durante tanto tiempo en centros de detención policial», señalaron.

Milagro Carmona, coordinadora de la Fundación Derechos Humanos Anzoátegui, le hace seguimiento al caso.

Luchando por su vida

Durante una conversación con el equipo de OVP, Joselín relató que tiene tres años en Cantaura. Durante sus nueve meses de gestación compartió celda con al menos diez mujeres más.

El 25 de mayo la ingresaron al hospital. Aquí le practicaron una cesárea y finalmente pudo ver el rostro de su hijo. El 26 de mayo ambos recibieron el alta médica y los trasladaron de vuelta a la oscura celda de Polianzoátegui.

Escasos días después de ser intervenida quirúrgicamente, Joselín fue reubicada en soledad dentro una celda que era utilizada para guardar colchonetas y algunos objetos de oficina.

Este espacio tiene filtraciones en las paredes, todo se moja cuando llueve y la humedad es realmente asfixiante. Además, tiene un baño insalubre y le colocaron una cama pequeña para que durmiera junto a su bebé.

A pesar de sentirse realmente desesperada, Joselín pensó que esta situación sería solo por poco tiempo, pues en días anteriores había sido atendida en un Plan Cayapa y le prometieron que recibiría una medida de apostamiento en su hogar.

Condiciones de salud no son las mejores

Madre e hijo se han enfermado con fiebre, e incluso Joselín sufrió una infección en su herida. Esto luego de que su cuerpo expulsara algunos puntos de sutura. La madre de la privada de libertad es quien ha tenido que costear el tratamiento médico.

En vista de todos los hechos, Defensa Pública y el Ministerio Público también solicitaron una medida de apostamiento en su hogar ante la Juez de Ejecución Nº 2, Yenny Carolina García.

Ante la falta de respuestas que la ayuden a brindarle una vida digna a su bebé, Joselín grabó un video para denunciar todas sus penurias, pero nunca se imaginó que sería víctima de represalias por parte de quienes ostentan el poder judicial.

Como parte de estas represalias, les clausuraron la única ventana por la que Joselín y su bebé recibían unos pocos rayos de luz solar. Además de eso y como si el espacio fuera suficiente, planean mudar a otra mujer a la misma celda con la presunta intención de vigilarla.

“Deja la denunciadera, si sigues denunciando tomaremos correctivos”, fueron las palabras de la coordinadora de Policantaura, Iraly Silva, en forma de amedrentamiento contra Joselín.

Más del caso de Joselín

Es de resaltar que esta situación puede ser calificada como trato cruel, degradante e inhumano, considerando además que el estrés y la zozobra a la que es sometida la madre durante la etapa de amamantamiento también afecta la psiquis y el desarrollo del lactante.

Asimismo, el pasado domingo, Silva le informó a la privada de libertad que la Juez de Ejecución Nº 2 ordenó su traslado para el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), a 437.2 kilómetros del núcleo familiar que la ayuda con medicamentos y alimentos, a pesar de sus escasos recursos.

Por si fuera poco, le solicitaron comprar dos monos, dos franelas, zapatos, dos colchonetas y los artículos de aseo personal de ella y su bebé. «Cómo pretenden que una reclusa costee los gastos de un uniforme, cuando ha tenido que pasar varios días sin comer porque su madre no tiene 30 dólares diarios para pagar el transporte hasta la comandancia policial», preguntó el OVP.

Finalmente, es necesario destacar que el traslado al INOF no es una solución para Joselín. Recordemos que la función del juez de ejecución es velar por los derechos humanos del privado de libertad, pero en este caso se está apoyando una arbitrariedad y un castigo contra una joven madre que solo quiso elevar su voz por una mejor vida para su hijo recién nacido.

Nota de prensa OVP

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