Himiob: Nunca se ha querido indagar sobre la verdad de los hechos vinculados al 11 de abril

Cuando de violación de derechos humanos se trata, el 11 de abril de 2002 se ubica en primera fila. Es una sucesión de hechos que aún no para y que afectó no solo a los fallecidos y a los heridos, también a la sociedad venezolana y a nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, tres de ellos aún en prisión acusados por delitos comunes que, de paso, no cometieron, tal como lo demostraron las pruebas consignadas en el juicio más largo de la historia nacional.

Himiob: Nunca se ha querido indagar sobre la verdad de los hechos vinculados al 11 de abril
Himiob: Nunca se ha querido indagar sobre la verdad de los hechos vinculados al 11 de abril | Foto referencial

Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar recibieron todo el peso de la ley, pero no por legalidad, sino por conveniencia.

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Así lo ve Gonzalo Himiob, miembro fundador del Foro Penal. «El proceso penal, sobre todo lo que atañe al 11 de abril de 2002, ha estado siempre completamente viciado. Nunca se ha querido indagar sobre la verdad de los hechos ni mucho menos hacer justicia. Lo único que se ha pretendido siempre, desde el poder, es consolidar su narrativa, su versión de los hechos. Para eso necesita chivos expiatorios que le justifiquen el discurso, aunque eso implique violentar el debido proceso y el Estado de Derecho».

Los de los policías metropolitanos no fueron los primeros arrestos arbitrarios en la Venezuela chavista, recordó el abogado. La represión como política de Estado comenzó con las protestas contra el decreto 1.011.

Pero la de los PM sí fue la primera condena contra personas enjuiciadas arbitrariamente por motivos políticos. «En general nuestra cultura judicial es muy represiva, condenas a la pena máxima de 30 años hay muchas, pero por motivos políticos esta fue la primera».

11 de abril | La incipiente tragedia

Cuando salió de su casa, la madrugada del 11 de abril de 2002, Héctor Rovaín no imaginaba que su vida daría un giro tan atroz. El inspector jefe de la PM fue destacado en la avenida Baralt. Iba a bordo de la unidad conocida como «la ballena», la cual tuvo que interponer entre los manifestantes y los pistoleros que disparan desde Puente Llaguno. El vehículo quedó repleto de impactos de bala, muchas de las cuales pudieron haber ido a parar en la humanidad de quienes ese día protestaban contra el gobierno de Hugo Chávez.

Su valiente acción le costó la cárcel. Fue condenado a 30 años por homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva, lesiones personales graves y leves en complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego.

Esta fue la misma condena que recibieron el agente Erasmo Bolívar y el distinguido Luis Molina. Bolívar se encontraba en la ambulancia de la PM socorriendo a los heridos hasta que en la Avenida Urdaneta debieron abandonar la unidad, pues fue sometida a un intenso tiroteo desde el Puente Llaguno. Su arma de reglamento nunca fue disparada.

Tampoco lo fue la de Luis Enrique Molina, pero recibió el mismo castigo: Condenados a 30 años de prisión por las muerte de Rudy Alfonso Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez, dos de las 19 personas fallecidas ese día, ambos simpatizantes del oficialismo y los únicos por los cuales hubo juicio, aunque no justicia.

Lo testifica Gonzalo Himiob. Según el abogado, los PM son un punto de honor. «Son los que les permiten al gobierno seguir afirmando que la violencia de esos días estuvo a cargo de los manifestantes y de los opositores. Son una excusa para justificar su verdad oficial”.

Pruebas

Las pruebas que exoneraban de culpa a los PM fueron ignoradas por la jueza Maryorie Calderón. También dejó de lado los argumentos del comisario Marco Chávez, director de la entonces Policía Técnica Judicial, quien atestiguó que los funcionarios no estaban vinculados al caso. Ella cumplió la orden que le dio el juez Eladio Aponte Aponte, quien posteriormente confesó la trama orquestada por órdenes de Hugo Chávez y que él ejecutó en complicidad con la fiscal de la época Luisa Ortega Díaz.

Los PM fueron condenados por órdenes de Hugo Chávez. Las dio y se cumplieron. Tanto que hoy, 20 años después del 11 de abril y tras 19 años de cárcel, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar continúan presos, pese a las insistentes gestiones de sus abogados y familiares para lograr que les otorguen las medidas alternativas al cumplimiento de la pena establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Pero es que algo pasó.  El 4 de marzo de 2013 Ada Marina Armas, titular del tribunal 1 de ejecución del estado Aragua,  argumentó en respuesta a la solicitud de otorgamiento de medidas alternativas al cumplimiento de la pena para los PM, que ellos incurrieron en delitos de Lesa Humanidad. Lo hizo pese a que en los cómputos formulados por ella misma el 5 de abril de 2011 esos delitos no estaban contemplados, como tampoco lo estaban en la sentencia dictada por Marjorie Calderón en 2009, cuando fueron condenados por delitos ordinarios o comunes.

Armas alegó en 2013, cuatro años después de la primera condena, que estar incursos en delitos de Lesa Humanidad, calificación que ella decidió fuera totalmente de cualquier lapso, impide otorgarles fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena que les permitan recuperar la libertad de manera progresiva a través de destacamentos de trabajo, régimen abierto, libertad condicional, confinamiento.

Contradicciones de la juez

Contradictoriamente, la jueza Armas al argumentar la negativa a otorgarles las medidas sustitutivas de libertad, estableció en la decisión los mismos delitos comunes por los que fueron condenados según la sentencia emitida en 2009. Fue, para los abogados de los PM en esa época, José Luis Tamayo, Theresly Malave, Yajaira Castro y Bony Simonovis, una aberración jurídica difícil de superar

Himiob lo explica de la siguiente manera: «La Constitución y las leyes promueven un esquema progresivo de cumplimiento de la pena. Solo para ciertos delitos no es posible dicha progresividad y la pena debe cumplirse completa. Por eso es que se cambió la calificación de delitos comunes a ´crímenes de Lesa Humanidad´, para evitar que tuvieran acceso a formulas alternativas al cumplimiento de la pena en prisión».

Pero tanto la dispositiva de la sentencia, como la de ejecución, establecen que los delitos fueron homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva, lesiones personales graves y leves en complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego. Vale decir, delitos comunes.

Himiob reiteró que se trata de mantener a costa de las leyes y de los derechos de ellos una narrativa del poder que exculpe al gobierno de las graves violaciones a los DDHH de esas fechas. «Por eso no les permiten alternativas ni fórmulas distintas al cumplimiento de la pena en prisión».

El infierno en Lara

El 21 de octubre de 2021, Rovaín, Bolívar y Molina fueron trasladados a la cárcel Fénix del estado Lara. Siendo funcionarios fueron recluidos junto a presos comunes. Alejados de sus familiares, sin acceso a alimentos, medicinas y a la visita de sus seres queridos, el temor de tener que pasar 11 años en ese infierno los mantiene sumidos en una terrible depresión.

Es un traslado que para el abogado Himiob es, como el de varias decenas de presos políticos en la misma situación, una violación de las normas vigentes, que se concretó sin darles la posibilidad de presentar alegatos en contra.

Hoy se cumplen 20 años de aquel nefasto 11 de abril de 2002. Un día en el que la injusticia y la ilegalidad se enraizaron en el país. Por un lado, 19 muertos, 17 de los cuales quedaron en el olvido de la justicia. Por otro, los pistoleros de Puente Llaguno, uno de ellos defendido por el hoy presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, no solo liberados, sino premiados con cargos públicos hasta que decidieron irse del país a disfrutar de las bondades del imperio norteamericano.

Y más allá, nueve funcionarios cuyas vidas fueron destruidas, con familias desarticuladas, hijos que crecieron viendo a sus padres tras los barrotes. Tres de ellos aún permanecen encarcelados, cumpliendo una pena de 30 años, de la cual ya han soportado 19. Sus derechos humanos han sido violados: derecho a la libertad, respeto a su dignidad, un bochornoso retardo procesal, por solo mencionar algunos, lo cual dará pie a la introducción de un nuevo recurso de amparo ante el tribunal de la causa en los próximos días.

Después de 20 años la situación está mucho peor en materia de Derechos Humanos en el país, atestigua Himiob. Para él, la represión y el uso del proceso penal con fines políticos se han enseñoreado en nuestro país.

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