Una solicitud clara hizo Fundaredes junto a otras 10 ONG ante la Defensoría del Pueblo. El llamado es para que agilicen las labores que permitan la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela.
A través de un documento consignado este miércoles, pidieron que se garantice la «Observación In Loco», prevista entre los días 3 y 7 de enero.
Esta solicitud se hizo ante la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal, estado Táchira.
En el pedido participaron miembros de UniAndes, Proyecto 860, Movimiento Vinotinto, Coalición por los DDHH y la Democracia, RedUni, Coalición Anticorrupción, Transparencia Venezuela, Foro Penal, Funauta, Médicos Unidos por Venezuela, Socio, Creemos Alianza Ciudadana, SUMA, entre otras.
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La doctora Clara Ramírez, directora de FundaRedes, fungió como vocera y detalló los fundamentos legales de la solicitud.
Afirmó que el Estado venezolano no tiene por qué impedir la visita si asegura que en el país hay respeto a los derechos humanos.
Según explicó, al negarle el acceso a la CIDH, el régimen demuestra que tiene temor a que descubran los casos de violaciones a derechos humanos.
“Es propicia la ocasión también para invitar a la CIDH a que recorra la zona de frontera venezolana, para que constate cómo miles de ciudadanos son víctimas de los grupos armados irregulares», dijo.
Rechazó que sometan a los habitantes a trabajos ilegales para sobrevivir.
Denunció que en el país se «viola el derecho a la vida, al debido proceso, a la salud, al libre tránsito, al trabajo digno, con atentados reiterados». Según Ramírez, este escenario es el que ha llevado a la Crisis Humanitaria Compleja en Venezuela.
Fundaredes pidió visita a Táchira
En el documento que suscribieron, indicaron que la CIDH está invitada para visitar Táchira. Principalmente por el gran número de violaciones a derechos humanos que se registran. Además de los «casos extremos en las poblaciones fronterizas entre Venezuela y Colombia, donde además se evidencia la terrible migración forzada».
Por esta razón indicaron que «el Estado debe garantizar la integridad física, el logro de los objetivos, y la efectividad de la visita de la CIDH brindando todas las facilidades y recursos suficientes para que desarrollen su labor».
La CIDH tiene previsto reunirse con víctimas de violación de derechos humanos o sus familiares, ciudadanos detenidos que señalan la ilegitimidad e ilegalidad de sus detenciones, visitar las cárceles y centros de detención.
En las actividades también se tiene previsto grabar testimonios, tomar fotografías, videos correspondientes a sus actividades y desplazarse por la geografía nacional para cumplir sus objetivos.
