Entre invasiones y expropiaciones: El derecho a la propiedad privada en Venezuela

La Constitución venezolana consagra en su artículo 115 el derecho a la propiedad privada. Resaltando que, «solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes».

Sin embargo, en Venezuela, tanto las expropiaciones como las invasiones, se han convertido en una política de Estado en los últimos 15 años de gobierno.

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Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de la parroquia La Candelaria, explicó que en esta materia, la primera gran expropiación fue la del Sambil de La Candelaria.

«Luego  del tema urbano, la primera gran expropiación fue la del Sambil de la Candelaria a finales del año 2008. Luego de 11 años de esa expropiación que no es un mito, se dieron  muchas otras», comentó. 

Señaló que estas acciones «son una política de Estado de violación a la propiedad privada tanto del régimen de Chávez como la dictadura de Maduro».

«Este hecho representó un ataque a un gran empresario como es la constructora Sambil. Pero además, afectó a unos 250 comerciantes que habían comprado pequeñas tiendas para empezar su emprendimiento», manifestó.

¿Qué pasa con el derecho a la indemnización?

Rechazó que en el caso de las expropiaciones, el Ejecutivo Nacional no indemnice a los propietarios con el pago que les corresponde constitucionalmente, sino que, se les «pague una miseria».

Asimismo, señaló que estas acciones se dan con apoyo del Ejecutivo nacional y municipal. A la vez, de que ya no solo se trata de viviendas, sino industrias y comercios.

«Un ejemplo de esto es la invasión del estacionamiento de La Candelaria en la esquina de Tracabordo, a comienzos del año 2018. Ahí el propio Ministerio de vivienda, comandado por Hildemaro Villarruel, ejecutó la expropiación», enfatizó.

Contó que en este caso, los invasores llegaron con un decreto de expropiación del estacionamiento, el cual tenía funcionando más de 30 años. Así como que el pago a su dueño fue por un monto de 4 millones de bolívares «que en ese momento daba para comprar un caucho».

Destacó que entre el año 2017 y 2018, el Ministerio de Vivienda decretó expropiación de inmueble para al menos 45 propiedades, las cuales fueron invadidas o estaban en proceso de disputa.

«Primero ellos no pagan, y de hacerlo, dan una miseria. Segundo, cuando se hace una declaratoria de propiedad pública, tiene que llevarse a cabo a través de una discusión con el consejo municipal con una discusión con la comunidad. Por el contrario, ellos ejecutaron la invasión y después imputan la expropiación», comentó.

Otras irregularidades en los procedimientos

Resaltó como aspectos preocupantes que, estas invasiones sean ejecutadas por colectivos, quienes además, «decretan en la zona un Estado de facto para mantener el control.

«Al instalar la invasión, que siempre son comandadas por colectivos armados, quienes decretan una especie de estado de facto dentro de la zona. Esto con el fin de hacer cobros de vacuna, controlar los CLAP, la distribución del gas doméstico, etc. Además aplican un orden de comisariato político sobre los vecinos para decir quien es opositor o quién protesta», aseguró.

De acuerdo con Rojas, la cuarentena se ha aprovechado para invadir comercios e industrias. 

«En las estadísticas que llevamos, van entre 27 a 30 intentos de invasiones solo en la cuarentena», dijo.

Resaltó que solo en el municipio libertador ha habido 28 intentos.

¿Qué sucedió con el censo de viviendas del año 2019?

El también comunicador social, explicó que el censo de vivienda que el régimen ordenó el año pasado, tuvo el fin de contabilizar las casas que estaban vacías para ejecutar invasiones.

Al mismo tiempo, detalló que este procedimiento acata a un orden netamente académico y que por el contrario, lo realizaron partidos oficialistas.

«En la teoría, un censo debería ser ejecutado por docentes y el Instituto Nacional de Estadística, algo muy académico. Sin embargo, dicho por ellos mismos, este fue realizado por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, del grupo Somos Venezuela y colectivos», expresó.

«Desde el Frente en Defensa del Norte de Caraca, denunciamos que esta situación era zamuro cuidando carne», añadió.

Insistió en que el mayor problema es que el mismo Estado es quien ejecuta o incentiva a invadir, y con ello, «les da libertada  a los malandros».

«Es un juego cerrado porque a quien se le está reclamando que haga valer la Constitución, es el socio del malandro», dijo.

¿Cómo evitar estas violaciones?

Aseveró que, «la única forma de defensa de la propiedad privada es la denuncia y protesta oportuna. Esto ya que, las instituciones públicas como la Fiscalía o Defensoría del Pueblo no le dan respuestas a las denuncias de las víctimas.

Además, consideró que cada propietario es el garante de proteger la propiedad de su vecino.

«Porque desde estas invasiones es que ellos hacen el monitoreo para realizar otras invasiones, es decir, que el invasor se convirtió en tu vecino».

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