Luego del fallecimiento de 15 privados de libertad en el estado Carabobo, la diputada de la Asamblea Nacional legítima por la entidad, Deyalitza Aray, manifestó que estar preso en Venezuela es prácticamente una sentencia de muerte para los acusados.
Las aseveraciones de la parlamentaria se sustentan en la información del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que aseguró que, en menos de dos meses, la desnutrición y, enfermedades como la tuberculosis, neumonía y escabiósis, han aumentado significativamente en los penales. Además, de las violaciones de sus derechos humanos, dejándolos en condiciones de extrema vulnerabilidad.
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“Pareciera como si existiera la pena capital en nuestra legislación, cosa que no existe. Estamos hablando de una capacidad física desbordada, con más de 300% de hacinamiento en todas las cárceles del país. Así como también en los sitios de detención preventiva como los comandos policiales y otros centros donde las personas son recluidas”, indicó.
Comienzo del proceso de exterminio
Asimismo, señaló que esta situación, hace parecer que los ejecutivos a cargo del Estado venezolano mantienen a los reclusos bajo un proceso de extermino. Pues, durante los últimos 20 años en el país, las condiciones en las prisiones son mínimas, a pesar de que el Ministerio les debería brindar recursos para garantizar su convivencia dentro de ella.
Sin acceso a la alimentación
En este sentido, la parlamentaria afirmó que a estos individuos tampoco se les garantiza el acceso a alimentación y, mucho menos, a la atención médica oportuna que se requiere. A pesar que, brindárselos sea un deber y una obligación del Estado venezolano para con ellos.
“La población privada de libertad en este momento afronta uno de los momentos más críticos. Vemos cómo cada vez más se están presentando condiciones de desnutrición crónica. Ahora a los familiares les corresponde la responsabilidad de los presos, cosa que no debe ser así”, detalló.
Excarcelaciones ilegales
Aray señaló que el ámbito legal en el estado no se está llevando a cabo mediante las leyes estipuladas. Esto ya que las excarcelaciones realizadas últimamente por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, bajo la figura de régimen tutelado de confianza, en el marco de la
pandemia por COVID-19, no se están ejecutando de acuerdo a lo que dice la jurisdicción venezolana.
“Esta medida tutelada de confianza es para autorizar traslados desde las cárceles hacia centros de trabajo. Es una medida que debe tener el aval de un juez. Sien embargo, la actual ministra lo aplica para soltar a aquellos reclusos que ella considera y los manda a sus casas sin dar la libertad verdadera, porque siguen con sus causas abiertas”, agregó Aray.
Redacción de informe
A causa de los casos irregulares que se han presentado, la diputada puntualizó que la Comisión Permanente de Culto y Régimen Penitenciario y, la de Política Interior, se están organizando para proceder a redactar un informe detallado sobre lo ocurrido actualmente para presentarlo en la plenaria del Parlamento.
Añadió que las violaciones de los derechos humanos deben ser respetados en su totalidad, a pesar de estar privados de libertad, ya que, estos están pagando una condena en la cual no se respeta el debido proceso. Haciendo interminable el cumplimiento de sus sentencias.
