Denunciaron vulneración de DDHH por crisis de servicios públicos en San Cristóbal

La grave deficiencia en la prestación de los servicios públicos denunciaron las comunidades de San Cristóbal ante la Defensoría del Pueblo. A la sede acudieron los ciudadanos de la mano de FundaRedes. Esto para exigir al régimen que cumpla con su deber de garantizar energía eléctrica, gas doméstico, agua potable y las telecomunicaciones de Cantv e Internet ABA.

Una serie de documentos con solicitudes y denuncias por la precariedad de los servicios fueron consignados por representantes de las comunidades de avenida Carabobo, Pirineos I, Barrio Sucre, Puente Real, Cuesta del Trapiche, Madre Juana, entre otros, quienes ejercieron su derecho ciudadano de alzar la voz contra las pésimas condiciones de vida que atraviesan.

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¿Qué denunciaron?

En el caso de Pirineos se introdujo solicitud en respaldo a más de 1.500 familias y unas 6.000 personas de los habitantes de los lotes A,B,C,D,E,F,G y H. Cada uno de estos representantes participaron en asambleas de FundaRedes con el programa Actívate. En esta actividad se les ofreció asesoría jurídica. Principalmente para que se procediera a introducir documentos ante la Delegación regional de la Defensoría del Pueblo.

En el escrito se detalla la crisis que afecta a estas miles de personas. También ocurre con el resto de los habitantes del Táchira, quienes al no tener gas doméstico ni fluido eléctrico permanente no pueden hacer la cocción de los alimentos. Ante este escenario han tenido que comenzar a cocinar con leña, situación que ha generado problemas respiratorios con severas afecciones bronquiales en niños y adultos mayores.

Luis Useche, gerente jurídico de FundaRedes explicó que las comunidades pasan hasta 18 horas sin servicio de energía eléctrica, y sumado a eso llevan más 6 de  meses sin recibir despacho de gas doméstico. Paralelamente denuncian las fallas permanentes en el servicio de telefonía Cantv y ABA (internet), que afecta también el derecho a la educación, al trabajo, a la información y a las telecomunicaciones.

Más deterioro de servicios públicos

Con respecto al servicio de agua potable, detalló Useche que las comunidades han referido suspensión del suministro durante dos o tres días consecutivos. Un escenario que incide en la preparación de alimentos, aseo, higiene personal, e influye directamente en la aparición de enfermedades.

Aseguró el gerente jurídico de FundaRedes que el colapso de los servicios públicos en Táchira, constituye una contravención a las obligaciones inherentes al Estado. Cada una de estos derechos está señalado en la Constitución. También en los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Igualmente declaró Luis Useche que, el documento exige a la Defensoría del Pueblo, en atención a sus competencias de promoción, defensa, vigilancia y supervisión, se avoque a los casos expuestos. Adicionalmente exigen que se atienda la protección de los intereses colectivos y difusos; y realice las labores pertinentes ante las instituciones Corpoelec, Cantv, Pdvsa Gas e Hidrosuroeste para que cumplan con su trabajo.

Reiteró el vocero que el régimen a través de las instituciones encargadas de garantizar el libre acceso a los servicios públicos, y las autoridades, han omitido estas denuncias.

Ciudadanos agobiados denunciaron vulneración de DDHH

Frente a la Defensoría del Pueblo, los ciudadanos detallaron la situación que viven por la falta de servicios públicos. Tal es el caso de la señora Jesusa del Carmen Díaz. La ciudadana narró que además de no tener recursos para cubrir la canasta básica, llevan meses sin gas doméstico. Se le han quemado electrodomésticos, algo imposible de reponer debido a los apagones. Se suma también el grave racionamiento de agua potable los ha llevado a reusar la que tienen almacenada.

Así mismo Genaro Mendoza Prieto dijo que en el sector de la avenida Carabobo viven un repunte de la inseguridad cuando reina la oscuridad. ¿Las causas? los apagones, pero además han tenido personas de la tercera edad que han sufrido aparatosas caídas con contusiones, cuando se va la electricidad. Al respecto afirmó que exigen respeto a los derechos establecidos en la Constitución. «Ustedes como servidores públicos deben garantizarnos calidad de vida y no la tenemos” argumentó.

Por su parte Samira Gutiérrez, representante de la comunidad de Puente Real, advirtió que la crisis de servicios públicos vulnera los derechos de las mujeres. En especial de los niños, “en las escuelas ya no se puede trabajar. Los niños están viendo clases en horario reducido ya que las aulas están a oscuras por la falta de energía eléctrica. El personal no garantiza la salubridad en los planteles por la falta de agua para la limpieza, especialmente en los baños que usan los estudiantes”.  

Los voceros de las comunidades informaron que en anteriores ocasiones han realizado exigencias ante las respectivas instituciones encargadas de prestar los servicios, y ante los demás organismos del Estado venezolano. Sin embargo, solo han encontrado el silencio ante la completa destrucción de los servicios públicos. Por ello el equipo de FundaRedes continuará asesorando a los ciudadanos para que ejerzan este tipo de acciones. (Prensa FundaRedes).

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