Acceso a las fuentes de información, un obstáculo para la prensa venezolana

El periodismo siempre ha sido incómodo para aquellos que deseen ocultar algo. En el caso de Venezuela, esta pareciera ser la premisa. Cada vez se torna más difícil conseguir declaraciones oficiales relacionadas a los principales temas de la crisis.

En Todos Ahora hemos constatado a través de nuestro equipo de corresponsales distribuidos en ocho estados del país lo difícil que es conseguir información proveniente de funcionarios públicos.

El temor a represalias por revelar datos del régimen es la primera razón que alegan. Esto dificulta gravemente el trabajo de la prensa a la hora de reseñar con la mayor exactitud y equilibrio posible los aspectos de algún tema.

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También existe el caso en el que se obtienen declaraciones pero piden resguardar su identidad para evitar algún tipo de agresión.

Cuando hablamos de fuentes no solo nos referimos a altos cargos. En la mayoría de las ocasiones puede tratarse de profesores, médicos, funcionarios de seguridad o trabajadores de entes públicos, quienes formulan denuncias bajo el anonimato.

¿Qué establece la ley del acceso a las fuentes?

En un reciente informe publicado por Espacio Público con datos del 2019, se denunció un hecho grave: el hostigamiento judicial a periodistas para que revelen sus fuentes de información. Esta acción se suma a los constantes atropellos que viven los medios como lo son amenazas, arrestos o detenciones arbitrarias por informar.

La asociación civil publicó recientemente en una reseña la importancia del acceso a la información pública. «Esta faculta a la ciudadanía a participar en áreas de contraloría, transparencia y democracia dentro y fuera del territorio nacional. Es un derecho humano que sostiene la característica de universalidad, esto significa que pertenece a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo».

En este punto hacen una aclaratoria importante: «En Venezuela no existe una ley que regule este derecho, pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sí lo contempla. El artículo 51 describe la forma en que la ciudadanía puede acceder a la información pública, ante cuáles autoridades puede hacer las peticiones, la respuesta oportuna y adecuada de los funcionarios o funcionarias».

Sin embargo, los distintos obstáculos impuestos demuestran el poco interés del régimen para esto se cumpla. Una muestra más de las dificultades que enfrenta la prensa par informar y la disminución del derecho de los venezolanos a ser informados.

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