11 de abril: Tres historias, tres condenas aún vigentes, una injusticia

A las 5:00 de la mañana del 11 de abril de 2002, el inspector jefe Héctor Rovaín salió de su casa en Charallave, estado Miranda, hacia Cotiza, en Caracas, sede de la Dirección de Orden Público de la Policía Metropolitana. Estaba pendiente de su ascenso, previsto para julio de ese año. Pero a las 12:00 del mediodía todo cambió. Su vida se convirtió en una historia llena de injusticias, que sus familiares recuerdan cada año.

policías metropolitanos capturados el 11 de abril

Los disturbios en la UCV motivaron la decisión de las autoridades de la PM de enviar una ballena, que Rovaín comandó. Luego atendieron la petición de refuerzos en el centro de la ciudad, específicamente en la avenida Baralt, cerca de la plaza Miranda.

En los alrededores del liceo Fermín Toro había otras ballenas, un rinoceronte y un piquete policial que intentaba contener a la gente en la esquina de Escalinatas, para que no pasaran a Miraflores.

A las 3:00 p.m. Rovaín debió prestar apoyo desde la esquina La Pedrera. Allí se reportaban muchos heridos por un enfrentamiento con pistoleros. Debían reforzar el sitio donde encapuchados disparaban hacia abajo, a la gente de la marcha opositora.

La ballena se convirtió en barricada para contener los disparos desde la esquina de Muñoz hacia abajo. Lanzaron gas lacrimógeno y agua hacia la esquina para dispersar.

A las 4:30 p.m. debieron retirar el vehículo que tenía perforado un caucho, con el objetivo de evitar que se apoderaran del camión. Esta no fue la única bala. El expediente da cuenta de los múltiples impactos en este vehículo, una prueba a su favor, ignorada durante el juicio que duró 3 años y medio.

La foto de Luis Molina

Luis Molina era patrullero motorizado. El 11 de abril de 2002 llegó temprano a la comisaría Rafael Urdaneta, en la parte alta de El Calvario. Luego de la formación, salió al recorrido por la avenida Lecuna, Plaza Oleary, Quinta Crespo y La Concordia. A la 1:00 p.m. recibió la orden de trasladarse hasta la esquina de Pedrera y la Plaza Miranda, donde permaneció hasta las 05:30pm. El recorrido culminaría en la Esquina de Muñoz, donde a un compañero se le cayó el arma.

Molina la recogió en el momento en que sonó una ráfaga de disparos. Se resguardó detrás de una santamaría en la Esquina de Muñoz. Luego se fue a la comisaría Rafael Urdaneta  y a las 7:00 p.m. se fue a su casa. Hoy está preso porque le tomaron una foto recogiendo el armamento que, se comprobó en el juicio, no fue disparado.

Erasmo Bolívar, de la ambulancia a la cárcel

El 11 de abril Erasmo Bolívar llegó a la sede de Cotiza, pero no había casi nadie. Todos estaban en el centro de Caracas, en resguardo de una multitudinaria marcha opositora. Quería llegar al sitio, pero no tenía cómo. A los minutos apareció una ambulancia, sus compañeros habían ido a reponer insumos. Sin pensarlo se montó, quería ayudar y tenía conocimientos.

Comenzaron a recoger heridos y trasladarlos a los hospitales. Su tía María Bolívar contó que un médico le dijo: “Ustedes están manipulando mucha sangre, pónganse los guantes”. Lo hizo sin saber que esa sería la causa de su tragedia.

Durante el recorrido, el armamento del sargento que manejaba la ambulancia se desplazaba por el piso del vehículo. Erasmo lo tomó y se lo guindó en la espalda.

En Puente Llaguno los recibieron a tiros. Todos bajaron de la ambulancia, Bolívar se pegó a la pared, con el armamento en la espalda. Lo pasó hacia el frente y en ese momento le tomaron una foto. Aparecía sosteniendo un fusil, con guantes en las manos.  Que esa arma no haya sido disparada, como se comprobó en el juicio, no lo ayudó.

30 años de cárcel y ningún beneficio procesal

Rovaín, Molina y Bolívar fueron condenados a 30 años de prisión. Ya han cumplido 21 tras las rejas. En octubre de 2021 fueron trasladados al Centro Penitenciario de Occidente, en el estado Lara, una cárcel común que alberga distintos tipos de delincuentes. Hasta ese momento habían purgado su condena en la cárcel de Ramo Verde donde. Al menos, estaban más cerca de sus familiares, que residen en Miranda y La Guaira.

El suyo fue el juicio más largo de la historia venezolana. El que acumuló mayor cantidad de pruebas por parte de la defensa, todas ignoradas por la jueza cuarta de juicio, Maryorie Calderón. Ella sólo siguió las instrucciones del magistrado Eladio Aponte Aponte, a quien el presidente del momento, Hugo Chávez, instruyó por televisión de la necesidad de culpabilizar a los funcionarios, se reseña en el portal Policías Metropolitanos 11A.

Aponte Aponte cumplió, pero años después se arrepintió y en una confesión apostillada, desde Costa Rica, pidió perdón a los funcionarios. Según él condenados por órdenes de Chávez sin prueba alguna que los inculpara.

Fueron 9 funcionarios condenados: Marco Hurtado a 16 años y 8 meses de prisión; Arube Pérez a 17 años y 10 meses, ambos ya cumplieron sus condenas completas. Los comisarios Iván Simonovis, Lázaron Forero y Henry Vivas, y el sargento Julio Rodríguez, todos con penas de 30 años, hoy están fuera de la cárcel por presentar severos cuadros de salud. Rovaín, Molina y Bolívar siguen presos.

Medidas alternativas al cumplimiento de la pena

La jueza Marjorie Calderón dictó sentencia el 3 de abril de 2009 por delitos ordinarios. Básicamente homicidio calificado en grado de complicidad y de frustración, por dos de las 19 muertes ocurridas en Puente Llaguno.

Desde 2010 las medidas alternativas al cumplimiento de la pena debieron ser otorgadas a los policías metropolitanos. En el caso de Rovaín, Molina y Bolívar, todas están vencidas. Se trata de la redención de la pena por horas de estudio y trabajo, destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional. Los familiares apelaron a la justicia en todos los escenarios, pero no han sido escuchados.

Rovaín, Molina y Bolívar siguen esperando justicia. Sus familiares deben viajar, al menos, cinco horas para verlos en el Centro Penitenciario de Occidente, en Lara. El dinero no alcanza para pasajes, alojamiento y comida para los funcionarios detenidos ni para los viajeros. Aún faltan 9 años para cumplir la sentencia completa, y la petición sigue siendo justicia para estos inocentes, sentenciados por solo dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002.

Nota de prensa

 

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