jueves, septiembre 19

La imposición del discurso oficial como base “ética”

La imposición del discurso oficial

Autor: Espacio Público – www.espaciopublico.ong

El primer aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) arrastra consigo la inconstitucionalidad y elimina derechos por los cuales el pueblo venezolano ha luchado durante años. Para su convocatoria el presidente usurpó el poder del pueblo, el CNE y el Ejecutivo violaron el principio de democracia participativa en una convocatoria veloz que evidenció la falta de separación de poderes y además otorga a los constituyentistas poderes “plenipotenciarios”.

En materia de libertad de expresión la ANC influyó en detrimento del derecho con la ilegítima aprobación de la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” (LCO) el 8 de noviembre de 2017 extralimitando sus funciones, pues el único órgano facultado para legislar es la Asamblea Nacional. A través de esta normativa se ha perseguido durante un año a personas que manifestaron su descontento por la situación económica del país o reclamaron al gobierno su ineficiencia.

La persecución empezó en enero de 2018 cuando el Tribunal Sexto en Funciones de Control de Carabobo dictó privativa de libertad contra Érika Palacios y Ronald Sevilla, imputados por “instigación” según los artículos 20 y 21 de la LCO. Protestaban en Naguanagua, al centro del país, por la crisis de servicios públicos. Fueron detenidos y procesados.

El 16 del mismo mes despidieron a Wuilis Florentino Rodríguez del Metro de Caracas, después de que escribiera en su muro de Facebook que el salario que percibía no le alcanzaba para comprar detergente para lavar su uniforme; según el presidente del Metro, mayor general César Ramón Vega González, su queja “atenta contra el Manual de Ética y Buenas Costumbres que debe mantener un servidor público”. Basándose en ese argumento y en el artículo 20 de la LCO envió al trabajador una carta notificándole la decisión.

La Iglesia Católica también vivió los embates de la LCO desde que Maduro amenazó al obispo de Barquisimeto, estado Lara, con la aplicación de la normativa porque el religioso catalogó en una homilía como “peste” la corrupción política que, en su opinión, llevó al país “a la ruina moral, económica y social”. Un mes después el Ministerio de Interior y Justicia citó al obispo auxiliar de Caracas, Tulio Luis Ramírez, y al párroco Miguel Acevedo a declarar acusados de “instigar al odio” en sus sermones críticos al gobierno; y Fray Santiago Domínguez también fue denunciado por “instigar” al odio en Maracaibo, estado Zulia, por sus palabras durante el sermón dominical.

El 8 de marzo dos dirigentes de la Universidad de Los Andes, Jhohann Adolfo Lobo Goyo y Michael Efrén Labrador, fueron imputados bajo los artículos 20 y 21 de la inconstitucional LCO luego de que los jóvenes participaran en un programa de televisión para la Televisora Andina de Mérida exigiendo a las autoridades que resolvieran el problema de transporte de la ciudad.

La LCO, dictada por la ANC, es un texto que se caracteriza por sus imprecisiones y desproporcionalidad, fortalece la línea oficial de censurar toda expresión crítica o independiente del gobierno nacional bajo la razón de sembrar la “paz”, es una herramienta del gobierno para normalizar un “orden” de autocensura y desinformación. Desde Espacio Público seguimos rechazando que se tome como base el discurso oficial y se busque expandir la construcción unilateral gubernamental sobre lo que significa la estabilidad y la convivencia, en detrimento del derecho a la libertad de expresión.

“Se ha perseguido durante un año a personas que manifestaron
su descontento por la situación económica del país o reclamaron al
gobierno su ineficiencia”

Fuente: Boletín No. 50

crisisenvenezuela.com

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