jueves, septiembre 19

La Asamblea Nacional Constituyente sin legitimidad y sin plazo

Asamblea Nacional Constituyente sin legitimidad

Autor: Acceso a la Justicia – www.accesoalajusticia.org

El 1º de mayo de 2017, el presidente de la República Nicolás Maduro emitió un decreto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin preguntarle al pueblo mediante referendo si estaba de acuerdo o no. Luego, la escogencia de sus integrantes y su instalación fue un proceso plagado de irregularidades que pisotearon la soberanía popular, tan defendida por el líder del régimen, Hugo Chávez, cuando llegó a Miraflores en 1999.

El propio Maduro dictaminó cómo debían escogerse a los miembros de la ANC, basado en un esquema de voto sectorial y otro territorial en el que no todos los sufragios tenían el mismo valor. El primero al estilo de los regímenes fascistas dividía a la población por sectores, establecidos unilateralmente por el gobierno nacional, dejando por fuera sin justificación alguna a unos 5 millones de electores.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que debía actuar como garante de los derechos del pueblo, se puso del lado del Ejecutivo y avaló su proceder a través de cuatro sentencias. La primera, la número 455 de la Sala Constitucional del 23 de junio de 2017, en que declaró la “constitucionalidad” de las bases comiciales propuestas por Maduro por considerar que el Presidente no está obligado a seguir el sistema electoral de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para la elección de los miembros de la ANC. Las tres restantes (números 83, 84 y 85) son de la Sala Electoral del 27 de junio y repiten ese argumento para declarar sin lugar los recursos presentados.

Ello sin dejar de mencionar que según el Observatorio Electoral Venezolano, el CNE omitió 14 auditorías y 70 actividades de 100, tales como capacitación de miembros de mesa, y que durante la escogencia de los constituyentistas, el 30 de julio de 2017, se denunciaron prácticas como la coacción y el hostigamiento a los empleados públicos para que votaran.

Este proceso inconstitucional e ilegítimo impuesto a la fuerza por el presidente aumentó todavía más la presión política en el país al ser la ANC establecida, más que todo, como una herramienta de persecución política contra la disidencia.

Un ejemplo de ello es que recién instalada la ANC fue la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz por denunciar la ruptura del orden constitucional con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional TSJ que despojaron de sus competencias al Parlamento.

Otro hecho importante desde la entrada en funcionamiento de la ANC fue la aprobación de la Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica el 27 de noviembre de 2017, con lo cual se verifica una usurpación de la función legislativa bajo el pretexto de garantizar que nadie sea víctima de alguna “forma de violencia política, odios e intolerancias”, especialmente a través de medios de comunicación. Hasta ahora la aplicación de este instrumento ha sido, si se quiere, selectiva. En enero de 2018, por ejemplo, el Tribunal Sexto en funciones de Control de Carabobo dictó privativa de libertad a dos personas que manifestaban por falta de alimentos por supuesta incitación al odio.

También debemos estar alerta ante el hermetismo de la ANC frente a la redacción de una nueva Constitución, si es que lo está haciendo, pues, pese a que es la única función que debería tener, pareciera que es de lo que menos se ha ocupado.

Se ha dicho que la ANC puede durar dos años o más, pero al parecer dependerá de los intereses de Miraflores.

 “El proceso inconstitucional e ilegítimo impuesto a la fuerza aumentó más la presión política en el país al ser la ANC establecida, más que todo como una herramienta de persecución política contra la disidencia”

Fuente: Boletín No. 50

crisisenvenezuela.com

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