miércoles, agosto 21

Evitar la salida de fuerza promoviendo elecciones libres

Autor: PROVEA – www.derechos.org.ve

Tras la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, más de 40 países han desconocido a Nicolás Maduro como mandatario debido a su ilegitimidad de origen, al ser su segundo período presidencial consecuencia de un escandaloso fraude electoral. La ruta definida por la junta directiva de la AN, como único poder legítimo en Venezuela, es, en ese orden, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. La respuesta de la cúpula gobernante ha sido su afianzamiento en el poder y responder las protestas en los sectores populares con muertos y detenidos. Para apoyar la transición se han realizado dos jornadas nacionales de protesta, el 23 de enero y el 2 de febrero, que han ratificado el contundente rechazo de la mayoría de la población contra el actual poder Ejecutivo.

El Grupo de Lima, salvo México, ha exigido la realización de elecciones libres y democráticas como mecanismo de realización de la crisis, rechazando la posibilidad de cualquier acción de naturaleza militar. A excepción de Italia, el resto de los países de la Unión Europea han reconocido a Guaidó como el actual presidente de Venezuela, acordando una Comisión de Enlace para apoyar la salida negociada en 90 días. Estados Unidos, que también ha tenido protagonismo en la presión diplomática, ha declarado que “todas las opciones estarían sobre la mesa”, no descartando la posibilidad del uso de sus fuerzas armadas e iniciando una serie de sanciones contra la venta de petróleo venezolano.

El camino hacia la transición democrática, en estos momentos, tiene dos alternativas: la salida negociada o la salida de fuerza. Nicolás Maduro ha cerrado todas las posibilidades de resolución pacífica y constitucional del conflicto, por lo que pareciera interesarle llegar hasta la confrontación bélica. Los venezolanos somos decisivos en la definición de nuestro destino como país. Todas las organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos del país debemos hacer peso por la resolución negociada, que implique la realización de elecciones transparentes, inclusivas y democráticas para evitar extremos que serían lamentables tanto para el país como para los derechos humanos.

Fuente: Boletín No. 72

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