viernes, julio 19

En Medellín se realizó conversatorio sobre riesgos de la minería en América Latina.

Como parte de la Asamblea General de la OEA, en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín el día 26 de junio de 2019, diversos representantes y periodistas de organizaciones investigadoras de minería, corrupción y derechos humanos, compartieron experiencias y documentación del continente en estas materias.

Redacción: Gabriele Colasante

Medellín, Colombia.

Las venezolanas María Fernanda Sojo y Lorena Meléndez, de Transparencia Internacional capítulo Venezuela y el medio digital Runrunes web respectivamente, fueron las encargadas de denunciar internacionalmente las irregularidades de una de las actividades económicas que mayores ingresos está produciendo en el país, a pesar de la grave crisis económica que aflige a los connacionales.

En el caso de Sojo, abrió su participación mencionando que en el estado Bolívar, son bandas paramilitares quienes fijan el precio de los minerales extraídos de manera ilegal, según su testimonio, «con la complacencia del gobernador e incluso su encargado de seguridad» complementando su denuncia agregó que esto no sería posible «sin un alto nivel de corrupción, porque el uniformado que se entera de estas actividades, en lugar de detenerlas, encuentra en ellas una fuente de extorsión»

Debido al alto nivel de ingresos económicos que se reportan, la mayoría de los miembros de los mineros y «sindicatos mineros», nombre con el cual se conocen la mayoría de las bandas armadas, son jóvenes que se dedican a la extracción de minerales, a pesar de los riesgos al medio ambiente y personales a los que se someten, convirtiendo al estado Bolívar en uno de los que más casos de paludismo por habitante reporta en el mundo.

El «Arco Minero» nombre con el que ha denominado Nicolás Maduro, una de las zonas de extracción minera más grande del continente, ha sido protagonista de varias situaciones lamentables desde el año 2016, donde comenta la periodista Lorena Meléndez, han ocurrido múltiples masacres, incluida la de «Tumeremo» en marzo de ese año, que dejó 17 víctimas en un enfrentamiento armado.

El ambiente que los medios de comunicación encuentran al documentar estos hechos, en opinión de la investigadora, debido al silencio oficial y persecución a la que los someten, denotan más que la intención de hallar culpables, complicidad. En palabras de ella es probable que «los enfrentamientos armados, que no han parado desde el año 2016, sean con la intención de tomar control del territorio y de las minas» agregó Meléndez.

Similitudes con Nicaragua.

El desplazamiento forzado de los habitantes de la región, el permitir que operen grupos armados y la participación activa del Estado en la compra y venta, convierten esta actividad, en una incapaz de garantizar los derechos humanos de quienes la practican, sobre todo en países con instituciones débiles o casi nulas como Venezuela y Nicaragua.

Heizel Torrez, activista medioambiental del país centroamericano agregó al conversatorio su experiencia sobre la persecución a «líderes sociales y ambientalistas» por acompañar a pobladores de regiones que son sacados a la fuerza de sus hogares para ejecutar proyectos extractivos que no les son consultados.

A pesar de que en el caso del gobierno de Daniel Ortega, suelen conocerse los nombres de las empresas que realizan las operaciones económicas, a diferencia del caso venezolano, «quienes oponemos denuncias no recibimos respuestas y debemos recurrir a organismos internacionales como la CIDH y otros a los que hemos acudido» esto es debido a la afinidad del régimen con las empresas, aseguró Torrez.

Caso colombiano.


Soledad Betancur del Instituto de capacitación popular de Medellín y el economista Álvaro Pardo detallaron la situación de la minería en Colombia, donde: «a pesar de los ingresos recientes que está generando para el Estado, y la solidez institucional de la que este presume, los conflictos en materia de propiedad de las tierras explotadas y de exoneración tributaria, se convierten en un problema social ante la complacencia con empresas privadas para que operen con comodidad» Siendo esta una problemática que ya se traduce en exigencias desde todos los sectores de la sociedad.

Conclusiones.

Para concluir con el conservatorio, la Fundación para el Debido Proceso (DPFL) en la vocería de su directora Katya Salazar determinó que este no es solo un problema de «Venezuela, Nicaragua y Colombia, sino de la región y en él se deben encontrar activistas, organizaciones no gubernamentales y defensores para que todos juntos como grupo de presión, sean capaces de hacer frente a muchos intereses» incluidas empresas extranjeras que en muchos casos se encubren bajo la protección de no tener representación efectiva en la zona donde operan, para continuar con las irregularidades, «excusa inaceptable» concluyó.

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