sábado, diciembre 14

Detención arbitraria de sindicalista Rubén González viola pactos y convenios internacionales

Autor: Bloque Constitucional – bloqueconstitucional.com

El 28 de noviembre en la madrugada, el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, fue detenido de manera arbitraria por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cuando regresaba de una protesta en Caracas en rechazo a las constantes violaciones a la contratación colectiva por parte del régimen de Nicolás Maduro. Al día siguiente de su detención arbitraria, un tribunal militar de Maturín, estado Monagas, dictó medida privativa de libertad en su contra.

Esta detención representa no sólo un brutal e ilegítimo acto de fuerza contra este luchador social, sino además una grotesca amenaza a todo el movimiento sindical democrático para que desista de su legítima lucha social y reivindicativa por sus derechos y por la libertad. El régimen de Maduro se ha caracterizado por el desconocimiento sistemático de los derechos fundamentales, en particular los laborales, y la persecución a los representantes sindicales. Debemos recordarle al régimen que la contratación colectiva y la libertad sindical son derechos fundamentales consagrados en los artículos 95, 96 y 97 de la Constitución de la República, y en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Los funcionarios civiles o militares que ordenaron la inconstitucional e ilegal privación de la libertad de Rubén González, y aquellos funcionarios que la practicaron deberán responder por tales decisiones y actos de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”; y con lo dispuesto, en el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”; y que con fundamento en el artículo 23 de la Constitución de 1.999: “Los tratados, pactos, y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos públicos”.

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Fuente: Boletín No. 66

crisisenvenezuela.com

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