Venezuela: un país discriminado por sus propios gobernantes

La discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual , entre otros. Sobre este aspecto existe amparo legal establecido a escala internacional, con la declaración Universal de los Derechos Humanos, y nacional, con la adopción de este derecho en el artículo 21 de la Constitución venezolana.

Sin embargo, de acuerdo con la directora de la ONG Fundaredes, Clara Ramírez, este pasa a formar parte de la lista de derechos vulnerados por el Estado venezolano por diversas razones.

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Ramírez señaló que, el escenario político, económico y social de Venezuela y la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) al que esta se encuentra sometida, hace que «lo único que se garantice sea la discriminación».

Destacando las diferentes medidas adoptadas por el régimen de Maduro como una acción evidente de discriminación hacia sus ciudadanos.

«Nosotros estamos frente a un Estado que tiene a ciertos factores de la población en un aparte total y absoluto ¿por qué? Sería interesante ir a consultarle a alguien del centro del país, si ellos desde el 2008 han tenido que ir a instalarle un chip a su vehículo para poder surtir de gasolina, si han tenido que ir a un censo para formar parte de los ciudadanos que tienen un TAG para poder ir a las bombas de gasolina. Saber si han tenido que surtir por número de placa o de cédula», dijo.

Recordó que, al inicio de la EHC, la escasez de alimentos ocasionaba largas colas en los supermercados, así como controles para la compra de estos productos.

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¿Qué sucede en los estados fronterizos?

«Cuando la EHC estaba arreciando, en el estado Táchira las colas para adquirir alimentos eran kilométricas. Sin embargo, si una persona se acercaba al centro del país, en algunos establecimientos se podía comprar, sin restricción, productos de la cesta básica que tenían años sin verse en el Táchira ¿Eso no es discriminación acaso?», comentó.

Asimismo, aseguró que «en los estados fronterizos del país se les criminaliza por el simple hecho de vivir en frontera».

«Se nos acusa de contrabandistas. Por eso nos ponen limitaciones para acceder al surtido de combustible por ejemplo. Se nos acusa de que llevamos a la frontera la mercancía y nos limitan el ingreso de productos al estado», comentó.

¿Cómo se evidencia la discriminación en los pueblos indígenas?

Por otra parte, indicó que dadas las características propias de los pueblos originarios, estos son una clara prueba de discriminación, vulnerabilidad y de estado de indefensión.

«Estamos frente a un Estado que se jacta de decir que ha reivindicado a los pueblos indígenas. Incluso, el 12 de octubre pasó de ser el Día del Descubrimiento de América, al Día de la Resistencia Indígena. Hasta hay un capítulo de la nueva Constitución que garantiza el derecho a estos pueblos», dijo. A la vez de lamentar que ninguna de estas cosas se cumplan en la realidad.

«Desde Fundaredes hemos documentado cómo diariamente se le violan los derechos a los pueblos indígenas. Estos son víctimas de la actuación indiscriminada de grupos armados irregulares con el beneplácito del Estado venezolano. Actualmente ellos han tenido que alejarse de sus tierras ancestrales para desplazarse a otros en donde menos se les garantizan sus derechos. Lo que también es prueba de un acto discriminatorio», expresó.

Bajo estos fundamentos, la directora de la ONG aseguró que, El Estado venezolano no brinda ninguna garantía de reconocimiento o igualdad de condiciones, como lo emana la Constitución nacional.

«Actualmente vivimos una EHC en la que los hospitales no poseen insumos, los pobres son aún más pobres. En donde si no se tiene suficiente dinero no se puede adquirir alimentos, en donde manejamos una economía cambiaria porque la monada nacional está totalmente devaluada. Pero además hay personas como los profesores, pensionados o empleados públicos que siguen ganando en bolívares. Lo cual no les alcanza para nada. En consecuencia estamos frente a un Estado que no hace nada para que el derecho a la no discriminación sea parte de sus políticas», aseveró.

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