Sentencia 128: ¿De qué trata y qué representa en el ámbito legal?

Luego de conocerse la sentencia 128 emanada de la Sala de Casación Civil este 27 de agosto, muchas han sido las reacciones en consecuencia al considerar que esta se trata de una medida estatal que establece que se puedan hacer demandas en dólares.

En este sentido, para aclarar qué significa esta sentencia y cuáles son sus repercusiones en el ámbito legal, el abogado Joel García habló en entrevista con Todos Ahora.

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De acuerdo con García, «lo primero que se debe aclarar de la sentencia 128, es que esta no estableció de forma expresa que se pueda estimar honorarios profesionales de abogados en moneda extranjera».

Explicó que, lo que hizo este organismo fue pronunciarse con respecto a un recurso de casación que interpusieron unos abogados ante los tribunales de primera y segunda instancia. La cual fue inadmitida porque viola el principio de proacciones o derecho de accionar consagrado en el artículo 26 de la Constitución, a estas personas que ejercen la demanda», explicó.

¿Qué ocurrió con la demanda?

«Esa sentencia lo único que hizo fue anular las decisiones de primera y segunda instancia que no admitieron las demandas de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados en dólares. Esto al sostener que ellos solo proceden cuando está pautado en un contrato», dijo.

Asimismo, señaló que la única forma en la que jueces no pueden admitir una demanda, es por los motivos establecidos en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Estos son: cuándo son contrarias al orden público, cuándo son contrarias a las buenas costumbres o porque haya una disposición en la ley que así lo establezca.

En consecuencia del incumplimiento de este artículo, explicó que lo que acarrea es la nulidad de esa decisión.

Resaltó que, «en este caso el tribunal de primer instancia dijo que no iba a admitir esa demanda, por cuanto no existía un contrato o algo pactado con relación a esos honorarios. Por eso la inadmitió».

«Si vemos ese razonamiento, no está dentro de las causales taxativas que están contempladas en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Eso es lo que dice esta sentencia», aseveró.

¿Es legal la solicitud?

Sin embargo, el también profesor señaló que, al no vulnerar ninguna de las pautas establecidas en el artículo 341 de CPC, sería totalmente legal pactar honorarios en moneda extranjera.

«Si bien es cierto que el artículo 318 de la Constitución establece que la unidad monetaria es el bolívar, también dice que es competencia monetaria del poder nacional -de manera exclusiva- del Banco Central de Venezuela. Esto quiere decir que este tiene toda la competencia en materia monetaria. Por otro lado, la Ley del Banco Central de Venezuela, establece en su artículo 128 que: Los pagos estipulados en moneda extranjera se cancelan, salvo convenio especial, con la entrega del equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago», dijo.

«Su artículo 130 dice «Todos los memoriales escritos, asientos, o documentos que se presenten a los tribunales y otras oficinas públicas relativas a operaciones de intercambio internacional, en que se expresen valores en moneda extranjera, deberán contener al mismo tiempo, su valor en bolívares. Entonces vemos que la ley del BCV, establece que se pueden pactar obligaciones en moneda extranjera», agregó.

Al mismo tiempo recordó que, la Asamblea Nacional Constituyente, en el 2018 derogó Ley de Ilícito Cambiario. Así como que la resolución 19-05-01 del BCV, colocó el funcionamiento de las mesas de cambio de divisas en la que es permitido realizar operaciones de compra/venta de moneda extranjera.

De acuerdo con esos basamentos, indicó que, este fundamento legal no impide que cualquier profesional del derecho pueda convenir con su cliente, un contrato de honorarios en dólares.

«Lo único que se pide es que se solicite su equivalente también en bolívares. En consecuencia, el cliente pudiera establecer la posibilidad de cumplir con su obligación en bolívares o divisas», expresó.

¿A quiénes beneficia y afecta?

García comentó con esta sentencia «se está resolviendo una controversia planteada a estos abogados que les fue inadmitida su demanda en primera y segunda instancia. Sin embargo, al ser una sentencia de la Sala de Casación Civil, no es obligatoria para las demás salas y tribunales. Solo está resolviendo el asunto en cuanto a esa causa, pero no es vinculante para las demás».

«El tribunal se está pronunciando específicamente sobre una violación a unas disposiciones legales del artículo 341 de CPC. Que además de violar el derecho a la defensa y tutela judicial efectiva del artículo 26 de la Constitución, tiene quebrantamiento de forma tal como lo establece el artículo 313, ordinal 1° del CPC», manifestó.

En este sentido, destacó que esta solo afecta o beneficia a las partes involucradas en ese proceso. Es decir, a los que estiman los honorarios y la empresa contra la que está obrando esa sentencia.

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