Presos políticos trasladados a cárceles comunes: lo que hay detrás de esta medida

La administración de Nicolás Maduro ordenó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicio Penitenciario. Esto de acuerdo con la Gaceta Oficial número 42.125 con fecha del 12 de mayo, mediante el Decreto N° 4.610.

A ambas instituciones se les dio un plazo de 30 días para efectuar la acción contados a partir de la entrada en vigencia del decreto.

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Un decreto para legalizar traslados arbitrarios

La reacción ante esta ordenanza ha sido inmediata, ya que, implica la transferencia de los presos políticos que permanecen recluidos en esos centros. Sin embargo, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, aclaró que esto no es algo nuevo. Por el contrario, resaltó que este decreto viene a oficializar algo que ya venía ocurriendo en el país de forma arbitraria.

«Esto tiene varias semanas adelantándose. Ya por lo menos desde la Dgcim se había trasladado 48 presos, de los cuales, 17 eran presos políticos, a diferentes centros de reclusión del país. Esta gaceta lo que está es oficializando algo que ya se venía haciendo», explicó

«Estos traslados que se venían haciendo desde antes de la emisión del decreto. Se ejecutaban incluso a espaldas de la defensa de los presos. Los abogados nos enterábamos de los traslados cuando ya se habían hecho», agregó.

Una ley que queda en la teoría

Por su parte, el abogado penalista Joel García, explicó que aunque este decreto ha generado alarma, «es el deber ser que los presos estén a la orden del tribunal que le dictó la medida privativa judicial preventiva de libertad y no del Poder Ejecutivo, en manos de la Dgcim y Sebin».

«Estos traslados ya tienen unos meses. Eso es lo normal. Cuando un órgano policial aprehende a un preso, debe ponerlo a la orden del Ministerio Público y este a su vez a disposición del juez. Es este último quien ordena cuál va a ser su sitio de reclusión. Pero esto es en la teoría porque en la práctica las personas que son detenidas por la Dgecim, Sebin o FAES, son estas instituciones las que deciden qué hacer con los presos. Ellos deciden cuándo llevarlo al médico, cuando acatar una orden de un juez, qué comen y cómo viven. Eso es lo que estamos viviendo», aseveró García.

«Esto lo que demuestra que son presos políticos porque esto tiene la finalidad de mantenerlos aislados, interrogarlos cuando quieran, o incluso torturarlos según denuncias. Sin embargo, ellos para mantener aislados a los presos políticos de los comunes, los dejan en esta situación», añadió.

¿Cuál es el marco legal de este decreto?

Asimismo, Himiob señaló que este decreto transgrede lo establecido en el Código Orgánico Penitenciario (COPP), que es el que regula cuándo y cómo una persona puede ser trasladada de un centro de reclusión a otro.

«Por ejemplo,  el COPP establece cuándo un preso es procesado o condenado. Lo que se están haciendo con este decreto pasa por encima de estas previsiones porque para trasladar a esos presos a otros centros de reclusión, lo que se debía hacer era lo que ya estaba previsto en ese COPP. Sin embargo, lamentablemente, en este caso se está dictando un decreto presidencial que pasa por encima de eso pese a ser una norma de rango sublegal», dijo.

¿Una vulneración al derecho de los presos?

Himiob indicó que para cualquier fin legal, el Gobierno debe basarse en los derechos constitucionales establecidos en la Carta Magna venezolana. Pese a ello, lamentó que estos derechos solo queden en la teoría.

«La Constitución obliga al Estado a hacer solo lo que la ley le permite hacer. Sin embargo, esta es una disposición de la Presidencia de la República que de alguna manera irrespeta el COPP, ni siquiera lo menciona en su fundamentación. Esto es algo que vulnera además el derecho a la defensa».

Al mismo tiempo, consideró que esta medida es una reacción de la administración de Maduro para tratar de tapar los crímenes de lesa humanidad denunciados por instancias internacionales en las sedes de la Dgcim y Sebin, de cara a la presentación examen preliminar sobre Venezuela de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional.

¿Por qué la emisión del decreto N° 4.610?

Los abogados coincidieron en que la emisión de este decreto se da como una estrategia del Gobierno para quedar bien ante la Corte Penal Internacional (CPI).

«Esto tiene que ver con que se van a presentar la finalización del examen preliminar sobre Venezuela de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional. El Gobierno quiere hacer ver que en esos centros de reclusión ya no tiene presos. Sin embargo eso no borra lo que pasó antes», puntualizó Himiob.

«De cara al próximo informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe ofrecer en el primer semestre de este 2021, creo que ellos están buscando cómo lavarse la cara. Quieren hacer ver que ellos no tienen presos políticos bajo la custodia de esos organismos de inteligencia y contra inteligencia nacional», expresó García.

One response to “Presos políticos trasladados a cárceles comunes: lo que hay detrás de esta medida

  1. Años en esos centros de reclusión no pasan desapercibidos, torturas, malos tratos etc…, están allí o sea que «CUCHILLO PARA SU PROPIA GARGANTA» Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. PUNTO…

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