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ODH-ULA documentó violaciones de DDHH en Los Andes en el último semestre

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), presentó durante la mañana de este 30 de septiembre de 2020, a través de la plataforma web Zoom, su informe semestral sobre las violaciones de los Derechos Humanos de la región andina.

Contaron con invitados especiales; Ignacio Avalos profesor de la Universidad Central de Venezuela, Fernando Fernández de Amnistía Internacional Venezuela y Carlos Guerra del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos.

La exposición del informe se dividió en cuatro partes; violaciones a los DDHH durante la pandemia por la Covid-19, justicia tardía, fallas de los servicios básicos y deterioro de espacios universitarios durante la cuarentena.

Ahora es noticia: Naguanagua y Valencia estuvieron más de siete horas sin electricidad

Violaciones de los Derechos Humanos durante la Covid-19

El investigador de la ODH-ULA, Nelson Rivas, expuso algunos de los casos sobre violaciones de los Derechos Humanos en el marco de la pandemia desde marzo hasta septiembre 2020, que van en contra de la Resol. Nº4/2020 del 27/JUL/2020 de la CIDH. Rivas afirmó que “las directrices se violan en la región”.

Ciudadanos agredidos durante protestas por falta de servicios públicos

El cuatro de mayo el derecho a la vida y a la libertad de manifestación se quebrantó cuando Rafael Hernández, estudiante ulandino de 21 años, “murió a mano de sujetos armados no identificados a bordo de una camioneta que le propinaron tres disparos”, según el informe.

Hernández se encontraba manifestando su descontento con las fallas del sistema eléctrico en su localidad. Otros ciudadanos, con algo más de suerte, siete personas en Mérida y una en Trujillo solo fueron detenidos por las mismas causas.

Falta de insumos médicos para combatir la Covid-19

El derecho a la salud empeoró en la región con la llegada de la COVID-19, en el caso del Hospital Universitario de Los Andes (HULA) se presenta la limitación de la vocería institucional sobre las estadísticas epidemiológicas de la pandemia, incremento del déficit de personal sanitario y la falta de protección para los mismos.

Restricción en el suministro de combustible, maltrato por parte de los funcionarios de seguridad en las estaciones de servicio y preferencia en la dotación de equipos, materiales e insumos a los CDI.

El caso de Laboratorio de Microbiología de la ULA ocurrió desde el 18 marzo cuando el Ministerio de Salud certificó sus instalaciones para realizar las PCR, pero hasta la fecha no ha sido dotado del material necesario, evitando el aceleramiento de los diagnósticos para la Cvid-19 en los andes.

“Estudiar en tiempos de Covid-19 es casi imposible”

La violación al derecho de la educación se presenta debido que “estudiar en tiempos de COVID-19 es casi imposible” según la argumentación del informe. La ULA  ha permanecido cerrada desde el decreto de la cuarentena, seguida de las instituciones de todos los niveles educativos en la región.

No hay infraestructura para dictar clases a distancia, incluyendo la falta de internet, electricidad e instrucción para los docentes en el manejo de las plataformas. Además, el informe incluye que “no hay voluntad política para ofertar alternativas, soluciones que permitan afrontar las dificultades del acceso al derecho a la educación”.

Agresión y desnutrición para los privados de libertad

Las condiciones de detención han disminuido, para el nueve de mayo los reclusos del CEPRA Mérida, protestaron por la falta de alimentos y asistencia médica. Su manifestación se realizó tomando como rehén a dos custodios pero, los efectivos de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas para disolver el alboroto. La OVP reportó un alto índice de desnutrición en los reclusos, con una pérdida de peso de hasta 50kg.

Otros hechos

  • En Táchira, efectivos de seguridad marcan las casas de pacientes de coronavirus, exponiéndolos al escarnio público.
  • El 24 de agosto una funcionaria del ejército disparó su arma al aire cuando notó que la grababan durante una protesta en Mérida.
  • El tres de noviembre, funcionarios de la PNB hurtaron placas de vehículos que estaban haciendo cola para surtir combustible.
  • Reclusos acusan que sus alimentos son vendidos a los comercios cercanos, dejándolos a ellos sin comida.

Presencia de la justicia tardía en la violación de los Derechos Humanos

La presencia de la justicia en la violación de los Derechos Humanos, se refiere a la privación de libertad y procesos arbitrarios injustos y sin razón, incluyendo la vulneración del derecho internacional. Por lo tanto, se entiende como justicia tardía cuando la sociedad se ha olvidado del delito. En este segmento el informe presenta dos casos, el de Erickvaldo Márquez y Wuildeman Paredes.

Erickvaldo es un estudiante ulandino, declarado por la ODH como preso sin condena, sin motivo y sin razón. Su delito; pensar diferente, ser líder comunitario y estudiantil. Él sigue con sus estudios en el retén municipal, aunque se hizo la solicitud a la policía para que realice su defensa de grado, pero esta se niega a darle un espacio y que logre culminar su carrera.

Wuildeman Paredes, fallece en la cola de una bomba de servicio luego de reclamar su incomodidad, un funcionario desalojo el lugar y le disparo sin razón. Se ha tenido justicia tardía a su caso.

Fallas de los servicios básicos y otros servicios que afectan los Derechos Humanos

La ingeniera e investigadora de la ODH-ULA, Holaya Peña explicó durante su presentación la falta de servicios básicos y otros servicios que afectan los Derechos Humanos en la región andina de marzo a septiembre 2020. Los más comunes son la falta de servicio eléctrico, agua potable, gas doméstico y combustible.

Falta de luz y agua potable

La falta de electricidad entre Mérida y Táchira en cuarentena se ha reflejado en un rango de seis y 36 horas sin luz durante la pandemia. Peña aseguró que “esto también tiene que ver en la incapacidad de Corpolec, los ciudadanos deben comprar los cables para cualquier arreglo y en ocasiones no están en disposición económica para obtenerlos”.

El agua potable en algunos lugares de Mérida y Trujillo es de dudosa procedencia y mantiene un promedio entre siete a 20 días sin el servicio, complicando las medidas de salubridad para la prevención de la Covid-19.

Falta de gas doméstico

El informe registra denuncias sobre escasez del servicio y su distribución por falta de combustible, especialmente en zonas alejadas de la ciudad. Retardo en sus entregas pese a la cancelación con anticipación, corrupción, cobros en divisas y pérdida de cilindros de gas.

Falta de combustible

La falta de combustible ha traído otras consecuencias como la pérdida de cosechas, trato inhumano a pacientes crónicos expuestos a largas colas en la estación de servicio y pese a su constancia médica les han negado el acceso al combustible. Venta de gasolina en el mercado negro y cobrado en divisas.

Deterioro de espacios universitarios

Las universidades también han sufrido violaciones en el marco de la pandemia por coronavirus, especialmente en sus espacios físicos. Los registros muestran índices de hurtos, robos, vandalismo y saqueos entre marzo y agosto 2020.

La UDO con la mayoría de los ataques, 59, seguido de la ULA con 31. El caso más emblemático es la quema de la biblioteca de la UDO núcleo Sucre. También, han ocurrido invasiones en ocho dependencias universitarias entre marzo y julio.

El personal universitario y los dirigentes estudiantiles han denunciado cada suceso, sin embargo los organismos de seguridad han ignorado cada uno de ellos. El bajo presupuesto de las universidades evita aumentar sus niveles de seguridad o recuperar las perdidas arrebatadas.

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