Informe de Bachelet: 1.324 personas murieron en Venezuela de manera violenta entre enero y mayo

De acuerdo con el Boletín Crisis en Venezuela, tras el informe emitido por la alta comisionada, Michelle Bachelet resaltó el precario acceso a alimentos y atención médica; además de las limitaciones a la libertad de opinión y expresión en el país.

En su informe del 2 de julio indicó que entre el 1 de enero y el 31 demayo de 2020 habrían muerto violentamente 1.324 personas en Venezuela, entre ellas nueve mujeres.

Ahora es noticia: Crisis universitaria es develada en informe de Un Mundo Sin Mordaza

En el informe responsabilizaron a las FAES de ser los presuntos culpables de 432 muertes. «Michelle Bachelet no se refirió al nivel de responsabilidad que pueden tener la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público por la creciente letalidad policial, pues la impunidad favorece que tales niveles de
violencia institucional persistan».

Informe de fecha 15 de julio

Señaló las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela por parte del poder juducial. Sin embargo, precisiones sobre el
incumplimiento por parte del Estado venezolano de las recomendaciones emitidas en 2019.

«La expectativas del Bloque Constitucional de Venezuela respecto al informe que deberá presentar en septiembre la Misión de Determinación de los hechos nombrada para Venezuela es que constate la ocurrencia sistemática y en aumento de violaciones de los derechos humanos en el país».

Hizo mención a las problemáticas en las casas de estudios del país. Donde concretamente se alude a la autonomía universitaria y se habla del «acoso a algunas de las autoridades universitarias y la apertura de procedimientos judiciales contra éstas”.

Los profesores universitarios reciben un sueldo insuficiente para cubrir sus necesidades. Situación similar padecen los empleados y obreros de las universidades. Esta situación se ha incrementado por la grave pandemia que atraviesa el mundo.

El informe señala que «la ACNUDH debe ser una caja de resonancia para amplificar la voz de las víctimas, que en el caso de las universidades venezolanas son los seres humanos que las mantienen en pie».

Este documento también destaca sobre la tortura y la desaparición forzada contra personas que son detenidas por motivos políticos. Sin embargo no hizo mención a que el Estado venezolano no cumplió ni una sola de las 23 recomendaciones. Esto se considera como una «omisión grave».

En los informes presentados sobre Venezuela, la comisionada reitera que la falta de acceso a la información pública impide a las víctimas acceder a la
justicia, esto conlleva a una revictimización de los afectados.

Los informes no dan cuenta de las limitaciones que impone la defensa pública a las víctimas y sus familiares (ocultamiento de información, retrasos
injustificados, aceptación de cargos); más bien atribuye su falta de independencia a causas económicas.

Comparte con nosotros tu opinión ¡Déjala aquí abajo!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Volver