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Fundaredes, embarcaciones

FundaRedes: “Mafia internacional de trata de personas actúa en costas venezolanas”

El más reciente boletín publicado por FundaRedes «Venezolanos que emigran por mar desaparecen a manos de redes de tráfico de personas», denuncia una mafia internacional de trata de personas. Esta red está controlada por grupos armados irregulares y en la que al parecer participan funcionarios venezolanos vinculados al manejo administrativo de puertos así como de cuerpos de seguridad del régimen, que operan principalmente en las costas de Venezuela.

La grave situación aumenta con la angustiada denuncia de familiares. Ellos señalan que funcionarios de dependencias del Estado a sabiendas de las irregularidades que rodean estos viajes, no impiden este tipo de actividades ilegales. Un escenario que pone en riesgo la vida de los migrantes.  

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¿Cuáles son los casos?

En 2019 el naufragio de dos embarcaciones que zarparon desde la población de Güiria, estado Sucre, con destino a Trinidad y Tobago, dejó expuesta la situación. “La primera de ellas salió el 23 de abril pasadas las 9:00 pm desde el sector La Salina, y posteriormente recorrió otras playas del municipio Valdez de esa jurisdicción para tomar rumbo a la isla de Trinidad y Tobago. Lo que ocasionó que zozobraran 30 personas a bordo, 28 desaparecieron y dos sobrevivieron, del total de pasajeros, 22 eran mujeres de entre 18 y 20 años de edad”.

FundaRedes

De acuerdo a la información de los investigadores, la segunda embarcación de nombre Ana María habría salido también de Güiria el 16 de mayo a las cuatro de la tarde. Esta naufragó unos días después con al menos 29 personas a bordo, de las cuales 28 desaparecieron, a la fecha. Sus familiares denuncian complicidad de funcionarios policiales, negligencia en las labores de búsqueda y salvamento, así como en las indagaciones posteriores al caso.

“Testimonios de sobrevivientes indican que el naufragio no fue accidental, sino provocado por la tripulación que opera en complicidad con bandas armadas dedicadas a vender a los viajeros a redes de trata de personas”, señala el informe.

¿Qué hacen desde la Asamblea Nacional?

El parlamentario a la Asamblea Nacional. Robert Alcalá denunció que las autoridades venezolanas no activaron a tiempo el protocolo de búsqueda y rescate. Tampoco se cuenta con los equipos necesarios para enfrentar este tipo de tragedias.

Según se pudo conocer las pesquisas oficiales llevaron al arresto de al menos nueve personas. En este grupo hay funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a quienes investigaron por el delito de trata de personas. Sobrevivientes y familiares de las víctimas afirmaron que muchos de quienes viajaban en estos botes lo hicieron bajo engaño. Pero además descubrieron que serían obligados a prostituirse.

¿Qué sucede en el estado Falcón?

Asimismo el trabajo de documentación hace referencia a hechos similares ocurridos en el estado Falcón. En esta región un grupo de migrantes pretendía llegar a la isla de Curazao. Sin embargo, sus familiares no volvieron a tener noticias de ellos, FundaRedes ha obtenido al menos tres testimonios de familiares de estas víctimas.

Johnny Rafael Romero Sarmiento, padre de Johnny de Jesús Romero Palacios, de 27 años de edad asegura, “en la zona operan distintos grupos que conviven. A mucha gente se lo he dicho. Este es un grupito que capta personas para montarlas en la lancha, pero en la lancha también se embarcan no solo pasajeros migrantes que están intentando buscar un futuro. También se montan personas que tienen extraños procederes. Llevan droga, llevan pistolas, y es la forma de moverse los delincuentes de la zona entre Curazao y Aruba; entonces hay unas bandas allí que operan y creemos que el secuestro lo hizo precisamente una de esas bandas”.

Según Romero Sarmiento al parecer funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) también estarían vinculados en la desaparición de la lancha donde viajaba su hijo.

Datos importantes

Un informe de la Organización Internacional de Migraciones (OMI) , que contabiliza más de 80 desapariciones de venezolanos en el Caribe, afirma que los traficantes de personas venden a los migrantes. Estas operaciones se registran en viajes en barcos sobrecargados e inadecuados para el transporte de pasajeros en mar abierto. Al cierre de 2019 – según las investigaciones realizadas por activistas de FundaRedes- el número de desaparecidos ascendía a 152.

 “Existen grupos criminales actuando en altamar que interceptan las embarcaciones para secuestrar a los migrantes. Esto para exigir rescates o para venderlos en el mercado de la trata de personas, contando para ello con la cooperación del crimen organizado que opera en Trinidad y Tobago vinculadas al comercio sexual y a otras formas de esclavitud moderna”, revela el estudio.

A la espera de justicia

Por su parte, familiares de los desaparecidos han denunciado que pese a tener pruebas contundentes que confirman la presencia en las Islas del Caribe de algunos de los migrantes captados, las autoridades han obviado a la situación.

Los afectados han denunciado ante la Fiscalía del Ministerio Público, donde la fiscal auxiliar en Falcón Disleen Hermelinda Rivas argumentó falta de competencia por territorialidad. Esto violenta el derecho a la vida de connacionales establecido en el artículo 43 de la Constitución. También está el agravante de que entre los desaparecidos hay menores de edad.

A consecuencia de este escenario de indefensión, FundaRedes ha apoyado a los familiares de las víctimas en el proceso de denuncia.

El pasado 7 de febrero de 2020 expuso la situación ante delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se desplazó a Cúcuta, Colombia. La ONG acompañó a familiares de Kelly Zambrano Vera y de Johnny de Jesús Romero Palacios, dos de los desaparecidos en las costas venezolanas durante su migración forzada del país.

El proceso de acompañamiento de FundaRedes

Igualmente los activistas de la organización acompañaron la protesta nacional de familiares de las víctimas de desapariciones forzadas ante el Ministerio Público. Esta manifestación se realizó el 19 de febrero en Caracas. También participaron en la reunión con los diputados de la Comisión de Relaciones Interiores de la Asamblea Nacional el 20 de febrero. Este día además se presentó una solicitud de esclarecimiento de los hechos en la Fiscalía General de la República.

Para la organización los sucesos ocurridos en Sucre y Falcón demuestran la fragilidad del Estado venezolano en la protección de sus ciudadanos ante eventuales violaciones a sus derechos humanos. Incluso, su debilidad e inacción para investigar los hechos, a pesar de que el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela declara al país como un Estado democrático y social de derecho y de justicia en el que sus instituciones tienen por función primordial velar, promover y hacer respetar los Derechos Humanos.

“El Estado venezolano tiene la obligación de prevenir y evitar que ocurran desapariciones forzadas. Además de luchar contra la impunidad para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación y a que se conozca la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Así como  también debe respetar el derecho de los familiares a buscar, recibir y difundir información relacionada con cada caso”, aseguró FundaRedes.

Nota de prensa de Fundaredes.

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