El Diálogo, Liderazgo para las Américas emitió informe para reforma de los organismos policiales

La ONG El Diálogo, Liderazgo para las Américas emitió un informe denominado: Reforma policial (agenda aún pendiente para América Latina). El análisis escrito por Lucía Dammert, profesora titular de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Santiago de Chile y experta en temas de seguridad pública en América Latina, analiza las características compartidas de las instituciones policiales en el continente, evalúa los intentos recientes de reforma policial y propone una agenda para futuras reformas.

Asimismo, busca reinstalar este tema en la agenda. Incluyendo el rol de los partidos políticos, los movimientos sociales y la sociedad civil en el proceso de cambio. Además de entregar una hoja de ruta para los procesos de reforma que se deben implementar en la región.

La iniciativa resurge en el marco del debate norteamericano sobre la necesidad de una reforma integral de la policía. Esto tras el asesinato racial en Estados Unidos del afroamericano George Floyd, a manos de un funcionario policial de Minneapolis. Así como los recientes hechos de violencia, corrupción e incluso, violación de derechos humanos han puesto en entredicho a las policías de Chile, Colombia y Uruguay.

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De acuerdo con el planteamiento del informe, los organismos policiales requieren de un proceso de transformación planificado, sostenido en el tiempo y con aporte civil suficiente para aumentar su eficiencia y eficacia.

¿Cuáles son las áreas planteadas?

1. Las capacidades civiles en temas policiales. Para avanzar con una democracia firme se requiere que los partidos políticos y movimientos sociales reconozcan la importancia de esta temática. Además de que consoliden cuadros técnicos serios que puedan proponer iniciativas de política pública basados en evidencia y con el apoyo político a largo plazo. 

2. La regulación de la seguridad privada. La seguridad es un negocio que crece de forma exponencial debido a la creciente demanda ciudadana y la percepción de que la policía no puede enfrentar las problemáticas. Esta privatización de la seguridad requiere ser regulada especialmente por su potencial relación con funcionarios policiales en retiro. Así como por la competencia que se puede generar en la implementación de política.

3. La militarización de las fuerzas policiales. Los desafíos que tienen las policías para enfrentar la criminalidad, así como las dificultades estructurales vinculadas con el control de fronteras, la cobertura territorial, e incluso los niveles de corrupción han traído de la mano un proceso de militarización. Es un proceso que tiene dos caras: por un lado, la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales, incluyendo tareas preventivas y vinculación con la ciudadanía. Por otro lado, la transformación operativa, táctica e incluso de misión y funciones policiales, se alejan de la prevención y se acercan a una postura militar.

Con respectos a los derechos civiles

4. La criminalización de las protestas sociales y la consecuente pérdida de legitimidad de la policía. El aumento del malestar ciudadano así como de la crisis de la política en la mayoría de países de la región ha tenido como correlato el aumento del malestar ciudadano y sus manifestaciones en el espacio público. Paradójicamente, la policía se puede convertir en parte del problema al escalar la violencia y limitar las capacidades reales de acuerdos políticos.

5. La regulación del uso del reconocimiento facial y otras tecnologías. La atención de la ciudadanía frente a desastres naturales o situaciones críticas como la pandemia del Covid-19 es una de las tareas policiales que tomarán especial relevancia en el futuro más cercano. La amplificación de la utilización de tecnología que incluye identificación facial, grabación a través de drones o de cámaras corporales puede ser vista como una oportunidad necesaria para enfrentar estas amenazas, pero requieren ser reguladas para evitar violación de derechos.

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